Madrid.

La justicia española investiga un fraude masivo en el cine. En la supuesta estafa al erario intervinieron productores, exhibidores y distribuidores de películas por todo el país, entre los que se encontrarían dos personajes cruciales para entender la cinematografía contemporánea de España: el productor Enrique Cerezo, dueño de 80 por ciento de las cintas en el país, y el también productor José Frade. La cantidad está todavía por determinarse, pero los datos advierten de varias decenas de millones de euros.

El cine español tiene una partida presupuestaria anual que sirve para impulsar un sector o industria que vive en gran medida por el apoyo público. Las subvenciones se determinan en función de una serie de criterios sobre la inversión hecha en cada filme, su recaudación y la cifra de espectadores que logró tras su exhibición. Una película podría llegar a obtener hasta un millón y medio de euros, siempre y cuando cumpla con los requisitos y supere los filtros interpuestos por el sistema de financiamiento público.

En el mundo del cine existía hasta ahora un rumor extendido entre los creadores, en el que se aseguraba que había un falseamiento o adulteración de las cifras de espectadores con el único objetivo de recibir más dinero público, por concepto de subvención.

En 2012 se abrieron cuatro investigaciones en cuatro juzgados distintos, según una noticia publicada este lunes en el diario El País, en las que se persigue precisamente la utilización de este método fraudulento.

La investigación la abrió y la originó por medio de un informe el ministerio de Cultura de España, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a su vez encargado de escrutar y recibir los datos de las salas de cine, los distribuidores y productores de las películas españolas. Estos datos eran los que finalmente determinaban no sólo si la cinta en cuestión recibía la subvención, sino cuánto dinero se le daba en función del número de espectadores y de las entradas vendidas.

En 2016 entrará en vigor nueva legislación

Esos requisitos dejarán de estar vigentes en enero de 2016, cuando entre en vigor la nueva ley de apoyo al cine, pero hasta ahora estaban en vigor y determinaban que para cobrar el dinero público era necesario un mínimo de 60 mil espectadores o 30 mil si el filme se había hecho en otro de los idiomas oficiales del país, como catalán, vasco o gallego.

La investigación original se dividió en cuatro juzgados, que afectó en un principio a 38 películas, de las cuales finalmente sólo se abrió una investigación penal a 12. Pero se calcula que alrededor de 228 salas habrían participado en el fraude masivo en casi 5 mil exhibiciones.

Según la reconstrucción del método fraudulento realizada por la justicia, los productores, exhibidores y distribuidores falseaban los datos de los espectadores, ya sea inventando proyecciones que en realidad nunca se llevaron a cabo o con el aumento desproporcionado del número de asistentes a las salas. Por ejemplo, se dio el caso de que funciones en las que había dos o tres personas en los registros de la sala se aumentaba la cifra en más de cien. Y así hasta sumar los 60 mil o 30 mil usuarios que exigía la normativa.

Entre las películas que citan en la investigación están Don Mendo Rock ¿La venganza?, La montaña rusa, Holmes & Watson. Madrid days, De mayor quiero ser soldado y Los muertos no se tocan.

Cerezo y Frade, hasta ahora los dos productores con más renombre investigados, no se han pronunciado públicamente sobre este presunto fraude masivo, que se aclarará en los próximos meses en los tribunales.