El informe final de la Misión Internacional de Verificación (MIV) sobre los derechos humanos de la población migrante hondureña fue presentado en el Senado la semana pasada, y se destaca que ante el desplazamiento forzado la respuesta de los estados de la región es aplicar políticas basadas en un enfoque de seguridad, pero que no atienden el respeto a las garantías individuales.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la panista Gabriela Cuevas, refirió que el informe evidencia una situación de dolor humano que debe incentivarnos a revertirlo. Abundó que el documento no busca ser una simple descripción de la situación migratoria de hondureños, sino quiere ser una enumeración de propuestas realistas y soluciones viables, y trascender una política asistencialista para adoptar un enfoque de derechos.

Pilar Trujillo, integrante de la MIV, explicó que la misión formuló un conjunto de recomendaciones a los gobiernos de Honduras, Estados Unidos y México.

Agregó que además se pidió a la Organización de las Naciones Unidas reconocer que la situación del triángulo norte de Centroamérica es grave, por lo que debe solicitarse a los estados una acogida basada en el principio de protección internacional a los derechos humanos.

Respecto de las recomendaciones a México, señaló, se pidió a las autoridades garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de migrantes y dar información veraz.

También se notificó al gobierno de México, subrayó Trujillo, que debe garantizar a defensores de derechos humanos el acceso a centros de detención de migrantes y asegurar que las repatriaciones se den en condiciones dignas y seguras.