Luego de señalar que los movimientos de autodefensa ‘‘no son una solución’’ a los problemas de inseguridad del país, pues ésta es responsabilidad exclusiva del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a las autoridades ministeriales investigar el origen de las armas, el financiamiento y los posibles vínculos de estos grupos con la delincuencia organizada.

En el informe especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionados con el conflicto, el organismo nacional señaló que si bien el surgimiento de estos grupos evidenció el abandono de la población y de la sociedad ante la actuación sin límite del crimen organizado, su intención inicial de proteger a la población se transformó.

‘‘Hay cientos de testimonios recabados donde se dio cuenta de que algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada; tomaron la bandera o la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en aras de conseguir fines ilícitos’’, concluye el amplio informe de 58 tomos y casi 29 mil fojas.

El organismo advirtió que a pesar de que se observa que las autodefensas en esa entidad han encontrado cauces encaminados a su desarme, legalización y reintegración, persisten muchas de las causas que dieron origen a estos grupos, desde el ámbito de la justicia, la verdad y la reparación del daño, pero también para recobrar plenamente la seguridad.

Advierte que el Estado y las instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de estos grupos. Por graves que sean las circunstancias, el Estado no puede ceder o negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados, señala.

‘‘Es el Estado el que debe proveer la seguridad, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que recobre las funciones que había abandonado’’, señala el informe presentado por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López.

El documento, que contiene un recuento detallado de la situación de criminalidad que comenzó en la entidad a principios del año 2000 y que fue en constante aumento hasta agravarse entre 2011 y 2012, concluye que el fenómeno delincuencial se vio conjugado con un acentuado abandono social.

Durante estos años, señaló el ombudsman nacional, la población de Michoacán sufrió lesiones, extorsiones, desapariciones, secuestros, violaciones, daños patrimoniales y desplazamientos forzados a consecuencia del crimen organizado, encabezado en gran medida por el grupo Los caballeros templarios. Todo esto, en medio de una enorme debilidad institucional y del estado de derecho.

Hay ‘‘omisiones atribuibles’’ al gobierno estatal

El informe señala de manera expresa ‘‘omisiones atribuibles’’ al gobierno de Michoacán, así como a las autoridades municipales, los cuales incumplieron con sus funciones de garantizar la seguridad pública y de procuración de justicia, pero no dice nada de las atribuciones del gobierno federal.

Dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado de Michoacán, al Congreso de la entidad y a los ayuntamientos locales, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), el documento de la CNDH formula 55 propuestas, entre las cuales destaca la solicitud de realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad y reforzar las agencias del Ministerio Público.