La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin al litigio que iniciaron en 1991 los trabajadores y obreros del ingenio cañero El Mante contra el proceso de quiebra llevado a cabo por el gobierno federal.

Con el voto en contra de Olga Sánchez Cordero, la primera sala negó el amparo a los quejosos, los cuales impugnaron la legalidad de la quiebra y el remate de los bienes del ingenio, por lo que demandaban el pago de más de 9 mil 964 millones de pesos.

La mayoría estableció que la demanda fue presentada de forma extemporánea.

No obstante que el proyecto de dictamen que fue presentado en la sesión de ayer –elaborado por Jorge Pardo Rebolledo– daba la razón a los ejidatarios y dejaba sin efecto la sentencia que validaba la consumación de la quiebra y ordenaba al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitir una nueva sentencia en la que analizara la denuncia de los quejosos de que las firmas de sus apoderados legales, aceptando el procedimiento de quiebra, eran falsificadas.

Finalmente, el propio Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar desecharon por extemporánea la demanda contra la sentencia del 20 de agosto de 2013 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que validó la venta del ingenio.

La decisión favorece a Financiera Nacional Azucarera (en liquidación) representada por Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que se le exigía la restitución de los inmuebles y unidades industriales del ingenio y el pago de más de 9 mil millones 964 millones de pesos, más intereses, por la venta judicial que se consumó el 18 de noviembre de 1992.

Desde que se anunció el procedimiento en contra del ingenio referido, los trabajadores denunciaron la ilegalidad del proceso y señalaron que el adeudo de 21 millones de pesos podía haberse solventado con la reserva de caña de azúcar, miel y otros productos que estaban en las bodegas del ingenio en ese momento.

De acuerdo con diversos materiales publicados sobre el tema por La Jornada en los últimos años, ex obreros y ex campesinos alegaron que la operación fue “fraudulenta y fruto de las concesiones del ex presidente Carlos Salinas a los zares del azúcar e inversionistas extranjeros”.

Los productores aseguraron que en 1991 la diputada federal y dirigente de los cañeros Leticia Camero Gámez, en contubernio con Juan Manuel Gómez, administrador de la Cooperativa de Productores de Caña y Azúcar, fabricaron una quiebra que nunca se comprobó, orquestada por el gobierno federal y consumada el 2 de junio de 1991.