Nueva York.

El juez federal estadunidense Thomas Griesa falló el pasado viernes a favor de acreedores en 49 de 51 demandas presentadas por bonistas que no aceptaron restructurar la deuda y reclaman el pago de 6 mil 150 millones de dólares.

En una orden de 26 páginas, Griesa otorgó a estos querellantes, denominados me too (yo también), el derecho a la cláusula de pari passu (trato equitativo), según la cual Argentina debe pagar a los fondos especulativos cada vez que lo haga a los tenedores de bonos de deuda restructurada. El juez dio la razón a los bonistas que demandan el mismo trato que otros acreedores no restructurados, liderados por el fondo NML Capital de Elliott Management, que obtuvieron un fallo favorable del mismo juez que ordenó que Argentina pague mil 700 millones de dólares.

De acuerdo con un documento presentado el pasado 28 de septiembre por uno de los abogados de Argentina, Carmine Boccuzzi, las demandas de los me too son por 6 mil 150 millones de dólares, lo que eleva a unos 8 mil millones el monto total a pagar por el país.

Argentina, que cayó en moratoria en 2001, no ha cumplido con ese fallo y como resultado volvió a incurrir en un incumplimiento parcial de pagos en julio de 2014.

Buenos Aires restructuró su deuda de 2001 en dos canjes en 2005 y 2010. El 93 por ciento de sus acreedores aceptaron esas ofertas de rembolso parcial con importantes quitas, pero el 7 por ciento restante la rechazó. A este grupo de acreedores el gobierno argentino llama buitres, porque adquirieron bonos a bajos precios y rechazaron los canjes restructurados con quitas para demandar el pago completo de sus títulos más intereses en juzgados estadunidenses.

Griesa tomó la decisión dos días después de una audiencia en los tribunales de Manhattan en la que el abogado del fondo especulativo NML Capital, Robert Cohen, le pidió aceptar esos pedidos como un acto de justicia básica para esos querellantes, la mayoría de los cuales ya tiene sentencia por esta cuestión en otros tribunales estadunidenses.

En la audiencia del pasado miércoles, el abogado de Argentina reiteró que una decisión de ese tipo complicaría aún más una solución del caso, aumentando de manera exponencial el monto adeudado, además de ser contraria a derecho. Sin embargo, Griesa no tuvo en cuenta ninguno de esos argumentos, recordando que la cláusula de pari passu no obliga al país a pagar, sino a dar el mismo trato a todos sus acreedores, los que restructuraron y los que no aceptaron los canjes.

La decisión del juez tiene lugar en medio del proceso electoral en Argentina, que definirá en una segunda vuelta al nuevo presidente que sucederá a Cristina Kirchner, cuyo gobierno ha mantenido durante estos años una posición dura con los fondos buitres.