A poco más de dos meses de que se cumpla el plazo constitucional para que México apague la señal de televisión analógica, el Senado de la República hará una reforma constitucional que ordene una prórroga, a fin de que no se queden sin televisión millones de mexicanos, como advirtieron especialistas en medición de audiencias y Televisa.

Sin embargo, hay opiniones sobre que la necesidad de prorrogar responde a que las televisoras públicas y privadas no hicieron las inversiones necesarias para migrar.

El ambiente sobre el futuro del apagón analógico se tornó más confuso ante la guerra de cifras desatada el fin de semana con el pretexto de que en la transición de Monterrey 10 por ciento de la población se quedó sin señal digital; la convocatoria a una conferencia inusual del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para fijar su postura, y la presentación de un estudio por iniciativa propia sobre ese caso y el riesgo a nivel nacional difundido por Nielsen-Ibope, que mide la audiencia de las televisoras que operan en el país.

Dos años después de la reforma constitucional que ordena el apagón analógico, ayer las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado anunciaron que harán una reforma constitucional para prorrogar el plazo para llevar a cabo el apagón analógico. Esto fue definido por el panista Javier Corral como ponerse a las órdenes de Televisa, que es la empresa que impulsa y cabildea esa medida en el Congreso, porque le conviene a sus intereses y negocios.

Los coordinadores del PRI y el PRD, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, respectivamente, se sumaron a la exigencia que un día antes formuló el panista Javier Lozano de prorrogar la medida un año, a fin, sostuvo, de no lesionar a los ciudadanos de menores ingresos, que se quedarán sin la posibilidad de acceder a la televisión abierta.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, comentó que para retrasar el apagón analógico se requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada con mayoría calificada –dos terceras partes del total de legisladores– en ambas cámaras.

Javier Corral insistió en que la prórroga es una jugada a tres bandas, ya que se beneficia a Televisa, que busca mantener la explotación doble del espectro radioeléctrico, mientras el gobierno continuará con el reparto de televisores el año próximo en que hay 16 procesos electorales.

La ampliación del plazo beneficiaría a la red de radiodifusoras y televisoras públicas que no podrán apagar su señal, por lo que pidieron a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados un presupuesto de 4 mil millones de pesos etiquetados para la actualización y modernización tecnológica, acorde con la transición digital, así como la prórroga al menos de un año para culminar con el proceso de equipamiento que otorgue garantía a la población de más de 78 millones de personas a las que llegan.

Susana Solís, representante de la red, informó que sólo 10 televisoras públicas han finalizado su proceso de digitalización. Además, 24 sistemas han hecho inversiones para migrara a la TDT, pero les falta equipamiento adicional en producción o en trasmisiones principales y complementarios para recobrar la cobertura original. En el caso más grave se encuentran cinco televisoras, que definitivamente no cuentan con recursos para la transición.

El gobierno asegura que cumplirá

El gobierno federal insiste en que cumplirá con el plazo del 31 de diciembre. Luego de reunirse con representantes del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, aseguró que se ha trabajado de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT,) y se ha atendido a 90 por ciento de la población que debe recibir un televisor digital. Sostuvo que terminarán el reparto en tiempo y estarán en condiciones de cumplir con el plazo constitucional.

No boicoteamos: Azcárraga

El tema movió al presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, a precisar que esa empresa no boicotea el apagón analógico, pero consideró necesario encontrar la manera de que entre 7 y 9 millones de personas, entre ellas las más pobres, no se queden sin ver televisión.

En entrevista radiofónica señaló que Televisa está dispuesta a mantener la señal analógica más allá del 31 de diciembre de 2015, hasta asegurar que no será afectado el 10 por ciento de la población que no recibió un televisor o que no tiene posibilidades de comprarlo.

Dijo que la transición a la TDT no afecta sus ingresos publicitarios; destacó que la empresa lleva 11 años preparándose para este cambio tecnológico, ya transmite señal analógica y en alta definición, por lo que si la SCT y el Ifetel deciden migrar el 31 de diciembre, Televisa puede hacerlo y también transmitir la señal digital.

Empresas no cumplieron

Uno de los problemas de fondo para el apagón analógico consiste en que las empresas de televisión y los sistemas públicos de televisión no hicieron las inversiones necesarias para la adquisición de equipos y desarrollo de tecnología para transitar a la TDT, advirtió el director de la consultoría Mediatelecomm Policy & Law, Jorge Fernando Negrete.

Destacó que ni las televisoras privadas ni las públicas hicieron las inversiones necesarias para la migración, por lo que ahora se observa un retraso en la solicitud de permisos para la instalación de equipos complementarios. En el caso de los sistemas públicos, precisó, debieron presupuestar recursos desde hace tres años para contar con la tecnología necesaria, pero no lo hicieron.

Señaló que una de las primeras acciones de Barack Obama al llegar a la presidencia de Estados Unidos fue postergar la fecha del apagón, a fin de dar tiempo a la gente para comprar el dispositivo necesario, por lo que en México también podría haber flexibilidad si lo que se busca es que el servicio llegue a toda la población.

Mientras se define el rumbo que tomará el apagón, la SCT debe dar el dato correcto de cuántas personas se van a quedar sin poder ver televisión digital al terminar el año si se mantiene el plazo constitucional. A la dependencia no le debe dar pudor dar a conocer la cifras, y sí debe ser transparente, dijo Negrete.

Que se revise el plazo

El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) hizo un llamado a todos los involucrados a que se revise la fecha límite para el apagón analógico, porque a pesar de ser un mandato constitucional, la forma en que se ejecutó afectará a la población más desfavorecida en su capacidad de conectividad, y se le privará de su principal canal de información, por hacer cumplir los tiempos del apagón analógico que se estipularon en condiciones de un total desconocimiento de la cobertura poblacional.

En coincidencia con el presidente de Grupo Televisa sobre el caso de Monterrey, el IDET señaló que en un ejercicio de extrapolación de resultados de la transición a la TDT de esa localidad al ámbito nacional, resulta que alrededor de 12 millones de mexicanos, ese 10 por ciento de la población de un total de 121 millones, dejaría de recibir la señal de televisión en sus hogares al momento de encender sus pantallas al comienzo de 2016. Esto en un ejercicio lineal, como si las condiciones socioeconómicas de Monterrey fueran iguales en el resto del país.

Alertó que es previsible que ante la inequidad persistente en la distribución del ingreso, así como las disparidades en hábitos tecnológicos entre las diversas regiones del país, ese porcentaje podría llegar a ser el doble e incluso mayor en estados de mucho menor grado de desarrollo como Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.