Los tres militares que permanecen sujetos a proceso por la muerte de 22 personas en una bodega de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, solicitaron un amparo para que se les conceda el derecho a carearse con nueve funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), los cuales recabaron los testimonios de tres mujeres que los acusan de haber ejecutado al menos a 15 de los presuntos secuestradores muertos.

Los militares buscan el amparo luego de que el juzgado cuarto de distrito en procesos penales de Toluca negó la petición de citarlos a declarar, porque estimó que el propósito no era controvertir su actuación, sino tratar de que admitan que las sobrevivientes mintieron.

Se trata de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes son los únicos que están sujetos a juicio por homicidio calificado por ocho de los 22 muertos en Tlatlaya, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

El centro del expediente de acusación se basa en las diversas declaraciones que han rendido Cinthya Estefany Nava López, Patricia Campos Morales o Rosa Isela Martínez Catalán y Clara Gómez González, sobrevivientes de la matanza.

Unos días antes de que se dictara la libertad a cuatro de sus compañeros, los soldados pidieron interrogar a Francisco Jiménez Alejandre, Mario Galicia González y Miguel Ángel Vázquez Cervantes, fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Seido.

Además, solicitaron citar a declarar a Sandra Patricia Santillán Flores, Hugo Montes Díaz, Jesús Santiago Cuevas, Fabiola Padilla Cruz, Irma Dorantes Ríos y Jesús Santiago Cuevas, funcionarios de la Seido que firmaron como testigos de asistencia las declaraciones de las tres mujeres que imputan a los militares.

En días pasados, un juez federal ordenó la inmediata libertad de cuatro de los siete militares que estaban sujetos a proceso por los hechos de Tlatlaya.