La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país es resultado del ‘‘uso desmesurado de la prisión’’, que incluye rezago judicial –lo que se refleja en que casi 50 por ciento de la población interna no ha sido sentenciada–, a una imposición de penas excesivas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares o el otorgamiento de libertades anticipadas, y a la falta de utilización de penas que sustituyan a la cárcel, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el documento Análisis y pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana, la tercera visitadora general del organismo, Ruth Villanueva Castilleja, señaló que también persisten condiciones que imposibilitan o dificultan que la población interna acceda a una vida digna, así como a los medios para lograr su rehabilitación y reinserción social efectiva.

El documento reporta que mientras en 1994 existía en las prisiones del país capacidad para 88 mil 71 personas y había 86 mil 326 internos, en 2015 la capacidad es para 203 mil 84, pero hay casi 255 mil 705. Es decir, un déficit de casi 52 mil lugares que representa una sobrepoblación de 25.4 por ciento.

Señaló que la sobrepoblación penitenciaria genera problemas como déficit de espacios humanamente habitables, hacinamiento y falta de control de las prisiones, pues ante el mayor número de internos y el menor número de custodios, se presentan problemas de ingobernabilidad.

De igual forma, la sobrepoblación conlleva insuficiencia de servicios básicos, de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión y falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción social efectiva.

Presentado en conferencia de prensa, el documento propone la puesta en marcha de ‘‘programas de despresurización’’, que sin demérito de los requisitos exigidos permitan mayor agilidad en el otorgamiento de libertades anticipadas, así como revalorar la aplicación de penas de prisión excesivas, situación que impide la reinserción social efectiva.

El documento destaca que a pesar de los esfuerzos para dotar de más instalaciones al sistema penitenciario, los resultados no han sido los esperados, lo que demuestra que para abatir la sobrepoblación se requieren programas integrales, más allá de la construcción de más prisiones.

Villanueva Castilleja dijo que esta sobrepoblación debe ser atendida de manera sustantiva por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen que privilegiar el uso de penas alternativas a la prisión, la obtención de libertades anticipadas y la imposición de penas que permitan la reinserción social efectiva, con base en el respeto de los derechos humanos.

En el diagnóstico se trabajó sobre una muestra integrada por los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, de las 32 entidades federativas, así como de 20 centros federales y tres militares.