Chilpancingo, Gro.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, manifestó que participarán en un tercer peritaje, propuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), siempre que quienes formen parte del equipo de investigadores pasen por el visto bueno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista, durante su participación en las manifestaciones enmarcadas en el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), recalcó: solo así nos daría seguridad y confianza de que se va a hacer un buen trabajo.

Pero advirtió: Si únicamente los designa (al nuevo equipo de investigación) el gobierno mexicano, para nosotros no sería confiable nada de lo que hicieran los funcionarios de este país.

Acerca de cómo participarán si se acepta este tercer peritaje que propone la PGR, explicó que aportarían información yendo con ellos a la búsqueda y todo lo que soliciten lo podamos aportar.

Subrayó que las familias de los normalistas continuarán exigiendo al gobierno cumplir con todas las recomendaciones que hicieron los integrantes del grupo de expertos de la CIDH en su informe, y que se integre la unidad de investigación especializada que exigimos al presidente Enrique Peña Nieto.

Aclaró también que los padres no se oponen a la creación de una fiscalía especial para los casos de desapariciones; no lo vemos mal, pero sí nos deja duda de que sea para todos los desaparecidos, cuando para nosotros la prioridad es el caso de Ayotzinapa.

Insistió en que la propuesta de crear la unidad de investigación es para que se trabaje en dos rutas, por un lado la investigación, y la otra confirmar la complicidad de (Jesús) Murillo Karam (ex titular de la Procuraduría General de la República, PGR) y su gabinete en la mentira histórica que se ha formado en este país.

Sobre la difusión que la PGR hizo en su página de Internet de la versión pública del expediente del caso Ayotzinapa, De la Cruz opinó: Es parte de la campaña emprendida por el gobierno mexicano para distraer de la verdad científica que los expertos de la CIDH dieron a conocer con su informe.