Aunque se ha avanzado en consolidar una mayor presencia femenina en las candidaturas y en el Congreso, la violencia política hacia la mujer persiste, según se desprende de las 38 denuncias que la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República registró el pasado proceso electoral federal.

Es un problema real el incremento de los casos de violencia política en contra de órganos electorales y en contra de las mujeres en la contienda electoral en nuestro país, dijo el titular de la dependencias, Santiago Nieto Castillo.

Durante el seminario Violencia política, transgresión de los derechos de la mujer, Nieto Castillo destacó que se desconoce cuál es la cifra negra de los delitos no denunciados en este ámbito, lo que representa una asignatura pendiente para la Fepade. Lo que es importante de entrada es, dijo, definir, analizar, el perfil criminológico del agresor; estamos en presencia de ataques básicamente perpetrados por hombres en contra de mujeres, pero también casos en los que las propias mujeres agreden a otras mujeres en el ejercicio de sus cargos públicos

Mencionó que la legislación electoral federal no tipifica el delito de violencia política contra las mujeres, por lo que los casos que se han presentado se desprenden de dos tipos penales contenidos en la ley, que fueron considerados dentro de este rubro de violencia, dijo Nieto Castillo.

En su oportunidad, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, aseveró que la violencia política de género se hizo presente en el pasado ciclo electoral: necesitamos decirlo, hay una violencia política de género. Eliminarla es un proceso que corre paralelo al logro de la paridad, cerrando el paso a todo ejercicio de poder que pretenda obstaculizar la inclusión de las mujeres.

Señaló que todas las acciones que se han encaminado a lograr mayor equidad en las candidaturas y en la representación ante el Congreso difícilmente se consolidarán si no atendemos, decidida e inmediatamente las distintas violencias, las de las mujeres aspirantes y las titulares de los cargos de elección popular. Hay que estar conscientes de que esta es una expresión del machismo, que refleja una profunda misoginia.

Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, dijo que por desgracia este tipo de expresiones, que inhiben las aspiraciones políticas de las mujeres, se enmarcan en un desequilibrio que aun persiste y que las hace contender, todavía, en condiciones de desventaja.

Citó casos que han llegado al TEPJF en los que las mujeres narran la disyuntiva que enfrentan entre sus proyectos políticos y las consecuencias que pueden acarrearles en sus relaciones personales, que las obligan a optar por alguna alternativa.

Al abundar sobre la delincuencia contra las mujeres, dijo: la impunidad de los delitos contra las mujeres es en sí misma un delito. Sin duda una sociedad que se encuentra en fase se consolidación democrática debe transitar, de manera imperativa, a un esquema de protección integral a la mujer en sus acciones y en sus programas. No se trata de una concesión o privilegio, la igualdad de acceso a la justicia es, simplemente, el fundamento de la democracia y su defensa nos compete a todos en su conjunto.”

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, destacó los avances en la equidad de candidaturas y de cargos de elección, pues en el pasado proceso, de 4 mil 496 candidaturas, 2 mil 248 fueron para mujeres, cifra nunca antes vista en algún ciclo electoral.

Otro dato digno de destacar, dijo, es que de las 200 curules de representación proporcional 95 quedaron en manos de diputadas.