Peleo contra un monstruo, el Estado. Pido la ayuda a la sociedad para ser liberada, dijo Nestora Salgado vía telefónica a los asistentes al foro México y el mundo actual, organizado por La Jornada y Casa Lamm.

Desde el Centro de Readaptación Social de Tepepan, la ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá reiteró que los delitos que se le atribuyen son falsos. Todos los hechos que se me atribuyen son falsos. En junio de este año, la Fiscalía General de Guerrero informó a su defensa que había más acusaciones en contra de ella: secuestro, robo, privación ilegal de la libertad y homicidio.

Salgado sostuvo que sólo había actuado de acuerdo con las decisiones de la asamblea comunal. Soy ejemplo de la criminalización contra las comunidades y las mujeres. Las autoridades no quieren reconocer mi origen indígena, porque soy de tez blanca y se han resistido también a aceptar mi nacionalidad estadunidense, y por ello mi derecho a la intervención del consulado de ese país. Me mantienen aislada, se han ensañado conmigo y me clasificaron como una delincuente peligrosa, pero ¿en qué se han basado para ello?

Durante la charla de poco más de 20 minutos, comentó que su encarcelamiento es parte de la persecución contra la policía comunitaria de Guerrero. Nos están matando y desapareciendo. A las diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos les pidió que se unan y conformen una sola fuerza para poder contrarrestar la fuerza gubernamental.

Lionel Rivero, abogado de la ex comandanta, apuntó que la criminalización y judicialización de la protesta social son utilizadas por el Estado para reprimir a los defensores de los derechos humanos; los acusa de secuestro y homicidio porque con estos ilícitos las sentencias superan 100 años de prisión. Además, al llevarlos a penales de máxima seguridad –como en el caso de Nestora, que estuvo en Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit– se obstaculiza su defensa.

Exhibir a Nestora como secuestradora intenta generar un rechazo social e impacta en el ánimo judicial. Es una ofensiva planeada con la que se busca anular al movimiento social, en la cual también las organizaciones de la derecha juegan el papel de generar una corriente de opinión contraria a los luchadores sociales.

Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia de Santa María Ostula, Michoacán, acusó al Estado de traicionar a Cemeí Verdía, líder de la policía comunitaria de Aquila, Michoacán, a quien inicialmente se le acusó de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, delito por el que fue culpado, pero se le acusó de homicidio doloso y de robo calificado contra el municipio de Aquila, por lo que fue trasladado al penal Mil Cumbres, en Morelia.

A Cemeí, dijo, lo intentaron asesinar en dos ocasiones porque era un estorbo para la delincuencia organizada, para las autoridades que están coludidas con ella y para quienes pretenden instalar –sin tomar en cuenta a la comunidad para no pagarles ningún derecho– centros turísticos, continuar con la explotación de los recursos naturales e instalar un puerto.

La comunidad de Santa María Ostula, aseguró, sigue en pie de lucha y en espera de la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno.

Durante el foro, cuyo tema fue Nestora Salgado, Cemeí Verdía y Mario Luna ¿líderes indígenas presos por qué delito?, Tomás Rojo, vocero del pueblo yaqui, habló de la resistencia emprendida contra la construcción del Acueducto Independencia, promovido por el gobierno del panista Guillermo Padrés. El 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental de la obra, pero la obra y operación del acueducto continuó.