Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos apuntaron que el informe de seguimiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas confirma que el Estado se resiste a reconocer que hay una crisis humana en el país por dicho fenómeno, producto de la impunidad, y no ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas desde 2011.

María Luisa Aguilar, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que el informe es también la búsqueda de un diálogo constructivo con el Estado para que reconozca que hay desaparecidos. Es un mensaje fuerte para el gobierno mexicano y un reforzamiento a las acciones que le recomendó desde hace cuatro años.

Considera que el punto central del informe es el llamado al Estado para que realice de inmediato las investigaciones en torno a las desapariciones forzadas y rinda cuentas; nuevamente le solicitan que retire al Ejército de las tareas de seguridad pública y elimine la figura del arraigo.

Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, comentó que el documento del grupo de la ONU muestra que el gobierno ya no puede seguir ocultando una realidad de décadas; en el país hay más de 50 mil desaparecidos, aunque oficialmente sólo se reconozcan 24 mil.

No hay datos certeros, por la desconfianza de la población en las autoridades y el Ministerio Público, a lo cual se suma el constante afán del Estado por proteger su imagen, por lo que ha escondido durante décadas las desapariciones forzadas del periodo de la llamada guerra sucia. El informe destaca que la impunidad es generalizada y no se conocen acciones efectivas y resultados concretos sobre lo sucedido entonces.

La exigencia de los expertos de la ONU al gobierno para que garantice el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia demuestra el terror que ha ejercido el Estado contra la población civil, y que sólo aparenta cumplir con los tratados y convenios internacionales que ha firmado.

José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, expuso que dicho documento muestra la gravedad de lo que sucede en el país.