La deteriorada situación en torno a las desapariciones forzadas que prevalece en México es muy preocupante. Igualmente, es grave que las autoridades mexicanas aún no hayan aplicado estrategias para cumplir las recomendaciones para erradicar esa práctica, las cuales fueron planteadas hace cuatro años por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (Gtdfi).

Lo anterior se asienta en el informe de seguimiento a las mencionadas sugerencias que ese grupo presentó el martes 15 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.

El reporte de más de 220 páginas expone las recomendaciones hechas por los expertos de la ONU, la respuesta dada hasta el momento por el Estado mexicano y las observaciones planteadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre el tema.

El Gtdfi señala que en gran parte de México existe un contexto de desapariciones generalizadas, muchas de las cuales podrían calificarse de forzadas, como concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada, tras su visita de trabajo al país, en febrero de 2015.

Manifiesta consternación de que el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen como el principal reto en el país. La alarmante impunidad generalizada perdura como un patrón crónico, lo que favorece la perpetración de las desapariciones forzadas. Los expertos de este grupo valoran que el gobierno indique en su respuesta que enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo el tema de desapariciones forzadas. Sin embargo, lamentan que no haya un reconocimiento de la dimensión del problema, lo que se evidenció de manera cruda con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, así como con las estadísticas oficiales, que aún con sus limitaciones muestran una situación particularmente crítica, y con el descubrimiento de fosas clandestinas en diversas partes de la República.

Voluntad en el caso Ayotzinapa

En el tema particular de Ayotzinapa, el grupo de la ONU reconoce la voluntad del Estado para firmar, en noviembre de 2014, el acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por haber anunciado que solicitará la prórroga del mandato de estos expertos para que pueda continuar su trabajo. Asimismo, aplaude que el presidente Enrique Peña Nieto haya dado indicaciones para que se analicen cada una de las recomendaciones del grupo de la CIDH.

El grupo de trabajo de la ONU coincide con el planteamiento del GIEI para que las investigaciones sobre este caso sean replanteadas. El Gtdfi alienta al Estado mexicano a aplicar de manera efectiva todas las recomendaciones de los emisarios de la CIDH y a garantizar que todas las actuaciones que soliciten para el desarrollo adecuado de su encomienda, incluyendo aquellas que involucren a autoridades militares, se realicen por el gobierno de manera diligente y exhaustiva.

En el informe presentado el martes –que se puede consultar completo– se da la bienvenida a la reforma constitucional de 2015 que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general sobre desaparición de personas.

Esta norma brindará una oportunidad histórica al Estado mexicano para armonizar sus leyes internas con sus compromisos internacionales, remontar la situación crítica por la que atraviesa y adoptar finalmente las transformaciones estructurales que se requieren en materia de desaparición de personas.

En conclusión, los expertos de la ONU hacen patente su pesar por los pocos avances registrados en la aplicación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados por el grupo de trabajo durante su visita, y plasmados en su informe de misión, perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada. El Estado cuenta con una oportunidad histórica de cambiar la situación imperante.