a concepción oficial indica que el comportamiento de la economía es satisfactorio, considerando el actual difícil entorno mundial y aun cuando no se alcanzan las metas fijadas anualmente. Esto se basa en el convencimiento de que se ha instaurado una sólida estabilidad macroeconómica, tanto por el lado fiscal como monetario.
Es complicado establecer de modo práctico las pautas de tal estabilidad y las condiciones que la determinan. Así es en términos de su definición y modos de aplicación, pero lo es más en cuanto a su capacidad de provocar una mayor actividad económica y mayor bienestar social. Esta última es la verdadera prueba.
Es cuestionable que la estabilidad sea la condición que se tiene que privilegiar por encima de lo demás. Esto debería provocar una reflexión acerca de la razón de la fiscalidad basada en la austeridad tal y como prevalece actualmente.
La postura convencional indica que esta economía ha resistido al complejo entorno internacional y que ha mantenido su crecimiento, en comparación con otros países como Brasil o Rusia. La condición para ello, según esos análisis, está en las políticas públicas responsables y en los efectos positivos de las reformas realizadas al principios del sexenio.
Estos argumentos se mantienen en el contexto de una propuesta fiscal que involucra ya una reducción reiterada del gasto público, con finanzas públicas en estado de recomposición por la abrupta caída de los ingresos petroleros, donde la política monetaria aún no se ve obligada a elevar las tasas de interés, pero cuando ha ocurrido una significativa depreciación del tipo de cambio.
Una circunstancia muy relevante, sin embargo, es que existe gran holgura, como caracteriza el banco central al hecho de que se produzca por debajo del potencial de crecimiento. Esto quiere decir que existen recursos de todo tipo que están desocupados o subutilizados. Habría que enfatizar más esta circunstancia y movilizar mejor esos recursos.
No se liga de modo explícito que la estabilidad macroeconómica no alcanza para generar un mayor crecimiento que el que se ha generado en promedio en los últimos 30 años, alrededor de 2.4 por ciento anual. La opción por la estabilidad tiene una racionalidad en la definición de las políticas públicas y se impone desde hace ya mucho tiempo y por todas partes en la forma de la austeridad.
En la medida en que esta austeridad se ha impuesto como criterio básico para administrar la economía, habría entonces que ajustar las expectativas de crecimiento y reforzar la idea de que 2.4 por ciento es suficiente. Políticamente este argumento no es muy popular, pero por otro lado la expectativa de crecer a 5 por ciento no se ha materializado por mucho tiempo y sigue siendo el doble de la expansión registrada.
El presupuesto de 2016 está elaborado con una tasa de crecimiento entre 2.6 y 3.6 por ciento, y para estimar las condiciones de las finanzas públicas se ha tomado una tasa de 3.1 por ciento. La inflación se ubica en 3 por ciento, como ha sido ya la norma del Banco de México por varios años; el tipo de cambio promedio se plantea en 15.9 pesos por dólar, y el precio promedio del barril de petróleo crudo en 50 dólares, con una plataforma de producción apenas menor a la del año pasado. Para la deuda pública se fijan medidas de contención.
Las premisas más básicas del escenario presupuestal son: la recuperación de la economía de Estados Unidos con su efecto positivo en el aumento de las exportaciones y la posibilidad de que con los estímulos fiscales crezca el mercado interno por la vía de la inversión y del consumo. Además se propone que las innovaciones financieras, mediante instrumentos para captar más inversiones privadas de una mayor cantidad de ahorradores, estimularán la actividad productiva.
Ningún ejercicio presupuestal por más reingeniería que se haga con él puede contemplar las contradicciones de un entorno económico tan volátil e incierto como el que existe actualmente. Pero ha sido en la propia Secretaría de Hacienda donde se ha señalado que esas condiciones representan en México una situación que puede ser similar a la que ocurrió en 1982, es decir, la combinación de mayores tasas de interés con la caída del precio del petróleo.
Del primer asunto ya se sabe cual es el escenario, todo pende de la decisión de la Reserva Federal de elevar sus tasas y las repercusiones en los movimientos de capital que pueden afectar aquí la disponibilidad de recursos y presionar más al tipo de cambio del peso con el dólar. Las tasas internas de interés se elevarán y tendrán un efecto negativo en el gasto total. La depreciación y el mayor costo del crédito eventualmente incidirán en la inflación. A menos que la holgura lo aplaque. En cuanto al precio del petróleo las expectativas son disímiles; Goldman Sachs prevé que podría llegar a 20 dólares por barril. Esta sería una situación muy exigente sobre las finanzas del gobierno.
La propuesta presupuestal de 2016 puede resultar incompatible con el escenario que las propias autoridades prevén y con razón, como una posibilidad en los próximos meses. De la estabilidad macroeconómica habría que seguir con un debate sobre los ámbitos en los que debe aplicarse la actividad gubernamental. Tal y como ocurre actualmente ya son muchos años en los que no se logra armar un entorno más favorable en la economía y en los términos que explícitamente afirma la política, que es el de la rentabilidad social.
