La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con los recursos humanos necesarios para cumplir con los objetivos para la que fue constituida hace dos años, advirtieron organizaciones civiles y familiares de personas no localizadas.

Esta instancia surgió tras una huelga de hambre de madres de desaparecidos, quienes hasta la fecha exigen que se realicen investigaciones especializadas.

El jueves pasado el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, se reunió con integrantes de grupos no gubernamentales y familiares de víctimas, a quienes les informó que dicha unidad tiene más de 600 averiguaciones previas relacionadas con esta problemática.

Los grupos civiles consideran que esa gama de indagatorias involucra la necesidad de dar con el paradero de un millar de personas, es decir, muchos de los expedientes involucran a más de una víctima.

Para este trabajo tiene asignado a 30 agentes del Ministerio Público y 30 auxiliares, así como un grupo de policías ministeriales, pero sólo dos policías federales, estos últimos parte sustantiva para la ejecución de operativos.

El subprocurador Betanzos manifestó que sólo tenía dos policías federales asignados para toda la unidad, cuyo objetivo es específicamente la búsqueda (de víctimas) más que dar con los responsables. La idea es que tuviera mínimo dos policías por cada Ministerio Público o sea, unos 60 agentes, de acuerdo con la información que se nos dio el jueves pasado, dijo Juan Carlos Gutiérrez, del grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una de las organizaciones participantes en el diálogo con el gobierno federal para construir la ley de desaparecidos.

La estructura de búsqueda es tan compleja –agregó en entrevista– que los familiares de los desaparecidos son quienes finalmente se vuelven peritos de sus propios casos.

A ello se agrega que los estados no buscan a la gente, y mucho menos aplican los protocolos a los que recientemente hizo referencia la procuradora general de la República, Arely Gómez.

Gutiérrez advirtió de la magnitud del problema de escasez de policías, porque así es imposible hacer una búsqueda eficaz, aun cuando también participen policías ministeriales de la PGR.

Lo anterior, subrayó, porque es necesario tener elementos humanos y materiales para actuar con base en los protocolos de búsqueda durante las 24 horas siguientes a la denuncia de desaparición, como planteó en julio pasado la procuraduría.

Según la propia normatividad y metodología aprobada por los procuradores del país, la red nacional de búsqueda debe estar integrada por personal especializado. “No es posible que a los policías que buscan vehículos robados se les asignen expedientes de personas no localizadas, añadió Gutiérrez.

La estadística más reciente de la propia PGR señala 662 casos, al corte del 31 de julio pasado. Poco más de la mitad se concentran en tres entidades: Guerrero, con 193; Tamaulipas, 101, y Veracruz, 79.

Hay nueve expedientes de los que se desconoce el año en que se vio por última vez a la persona, mientras que de 2007 son 25. Cada año se han ido acumulando decenas de casos. En 2013 fueron 63; el año pasado, 137, y el acumulado de los primeros siete meses de 2015 va en 242.

El acuerdo que dio vida a la unidad establecía un mayor apoyo de la Policía Federal. Entre las facultades del comisionado nacional de Seguridad se indica la protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública. Igualmente, participar en las tareas de atención integral a víctimas.