Aun cuando las manifestaciones y protestas sociales siguen siendo las principales vías ciudadanas para exigir la solución de conflictos graves en el país, persisten abusos y violaciones de autoridades de seguridad, tanto del ámbito estatal como del federal, señala el informe Control del espacio público 3.0.

Las demandas, dice, lejos de ser atendidas son respondidas con pulsiones autoritarias de los tres niveles de gobierno, lo cual termina por inhibir, regular y criminalizar estas expresiones.

Advierte que desde 2012, año que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios públicos de diversos estados y partidos políticos emitieron constantes declaraciones contra las manifestaciones, adjudicándoles cargas negativas y asociándolas per se con el desorden, entre ellas: vándalos, anarquistas, peligrosos, delincuentes, entre otros.

El documento, que presentó ayer el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (integrado por más de una decena de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos) señala que de 2014 a la fecha hay registro de 17 actos de represión y criminalización en Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, DF, Hidalgo, Chihuahua y Baja California, entre ellos la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Además indica que en meses recientes se han presentado o aprobado diversas iniciativas legislativas, tanto a escala federal como local, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión.