Río de Janeiro.

A pesar de varios intentos fallidos de la derecha de Brasil por relacionar a la presidenta Dilma Rousseff con la corrupción en Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), el fraude electoral y la manipulación de las cuentas públicas, los diputados de la oposición en el Congreso Nacional crearon el martes un movimiento que exigirá el impeachment (juicio político) contra la mandataria.

Los diputados del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), el Partido Social Cristiano, el Popular Socialista (PPS), Demócratas, y Solidaridad, liderados por Carlos Sampaio (PSDB), dieron un primer paso este miércoles y lanzaron una página web diseñada con el único propósito de recolectar firmas para pedir la destitución de Rousseff.

La presión que mantiene la derecha contra la presidenta, relegida democráticamente hace menos de un año, avalaría las tesis de numerosos intelectuales y del ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de que el golpismo de la derecha brasileña maniobra con la finalidad de terminar con 12 años de gobiernos del PT, aprovechando los efectos de la crisis económica.

Buscaremos convencer a los diputados del Congreso de que Brasil no soporta cuatro años más de gobierno de Rousseff, explicó a los medios el diputado Sampaio, quien todavía no ha decidido el motivo concreto por el cual se solicitará el impeachment, incoherencia que el diputado del PPS, Rubens Bueno, justificó con las estadísticas que señalan que 90 por ciento de los brasileños no aprueban su gobierno, y eso cuando acaba de ser elegida.

Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y encargado de aceptar y someter a votación un eventual pedido de juicio de destitución, evitó señalar si apoyará el nuevo movimiento. Dijo que está pensando en la técnica, no en la presión, ambigua respuesta que anticipa que aprovechará las circunstancias para presionar a Rousseff, con quien mantiene pésimas relaciones desde julio, cuando fue acusado de corrupción por el fiscal general, Rodrigo Janot.

En aquella ocasión, Cunha, quien había sido acusado por uno de los empresarios detenidos en la operación Lava jato de exigir el pago de un soborno de 5 millones de dólares por facilitar contratos con Petrobras, alegó ser víctima de una persecución de Rousseff y la fiscalía.

Por lo pronto, el presidente de ña Cámara Brasileña de la Construcción, Carlos Martins, dijo que el enfoque del gobierno es totalmente equivocado y señaló que los recortes a programas públicos de infraestructura costarán a ese sector 500 mil empleos este año.