San Juan.

El gobierno de Puerto Rico dio a conocer el miércoles un plan de reforma fiscal largamente esperado, que podría reducir gran parte de la deuda pública de la isla, equivalente a 72 mil millones de dólares, y que implicaría restructurar una parte a expensas de poseedores de bonos.

El plan a cinco años abarca sólo 47 mil millones de dólares de la deuda del territorio estadunidense y deja fuera a la agobiada empresa eléctrica estatal, así como a la compañía de agua y alcantarillado.

En un breve informe, miembros del grupo que trabajaron en el plan comentaron que si no se actúa, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico se quedará sin dinero a finales de este año, y advirtieron que el gobierno podría carecer de liquidez el año entrante si no se implementa el plan.

No queda claro cómo los acreedores y poseedores de bonos reaccionarán al plan, el cual todavía necesita la aprobación de la legislatura puertorriqueña y del gobernador.

El plan pide crear una junta de control formada por cinco miembros que serían nombrados por el gobernador y que tomaría en cuenta las sugerencias de acreedores y posiblemente del gobierno federal. La junta supervisaría la puesta en marcha del plan, pero las autoridades dijeron que era demasiado pronto decir qué tipo de facultades tendrá la junta si el gobierno no cumple con los objetivos financieros.

Las autoridades señalan que el gobierno también debe considerar reducir el salario mínimo a los jóvenes trabajadores, invertir en asociaciones público-privadas y reducir subsidios a municipios y a la Universidad de Puerto Rico, entre otras medidas.

No queda claro cuántas de estas sugerencias serán implementadas. Las autoridades anticipan un intenso debate en el Senado y la Cámara de Representantes de la isla, y señalaron que en 2016 habrá elecciones.

El plan también estipula que Puerto Rico debe buscar trato igual del gobierno estadunidense en lo que respecta a incentivos fiscales y rembolsos en gastos médicos.