Amnistía Internacional (AI) denunció que desde 2007 en México han desaparecido o están en paradero desconocido casi 25 mil personas. Cerca de la mitad, durante el actual gobierno.

En la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la organización, al igual que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), externó todo su apoyo a las víctimas y sus familias.

“Gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto.

En muchos países las autoridades continúan sometiendo a hostigamiento e intimidación a quienes buscan a los desaparecidos. La lucha por la justicia no debe cesar, resaltó Salil Chetty, secretario general de AI.

En su pronunciamiento, la agrupación destacó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de-saparecidos en Iguala, Guerrero.

Aunque el asunto ha suscitado atención internacional, las autoridades no han investigado debidamente todos los aspectos del caso, ni siquiera las preocupantes denuncias de complicidad de las fuerzas armadas. No obstante, han sacado a la luz la connivencia entre funcionarios locales y bandas delictivas.

Por su parte, la ONU-DH demandó al Estado que la futura ley general sobre personas de-saparecidas atienda sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.

Apuntó que la norma debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias, de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano.

Ello implica, sostuvo, incorporar un concepto amplio de persona desaparecida, conforme al derecho internacional; abarcar los casos desde las décadas de los 60, 70 y 80, como el de aquellas personas cuyo paradero se desconoce desde tiempos más recientes.

También, sancionar la desaparición forzada y por particulares; crear el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y el mecanismo trasnacional.

Asimismo, contemplar la declaración de ausencia por desaparición; garantizar la protección de las personas que intervienen en las investigaciones; proveer de una reparación integral, adecuada, efectiva y rápida a las víctimas y apoyos e información relevante a las familias.

De igual forma, crear el registro de personas desaparecidas, fortalecer los servicios forenses, garantizar la realización de investigaciones efectivas, eficaces, rápidas, completas, independientes e imparciales, entre otros.

La ONU-DH pidió al gobierno que la ley sea resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

Su participación activa es indispensable para dotar a la ley de legitimidad. Escuchar a las víctimas y sus familias constituye en sí mismo una medida de reparación al alcance del Estado mexicano, consideró.