El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2016 se abulta porque pretende gastar en varios rubros del área administrativa: 79.6 millones de pesos prevé aplicarlos para sustituir 457 vehículos mediante la figura de arrendamiento, y 182.4 millones para compensar a los trabajadores por las labores extraordinarias que realicen en los procesos electorales de 2016.

Además, 114 millones para iniciar el proceso de credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero, según las bases generales del anteproyecto de presupuesto aprobado el viernes pasado por el Consejo General.

De los 11 mil 442 millones de pesos que el INE solicitó a la Cámara de Diputados para gastos –sin contar los 4 mil 31 millones para los partidos–, 6 mil millones son para sueldos, 2 mil 311 millones a operación y 3 mil millones a otros proyectos.

Bajo la conducción del INE, los 13 procesos electorales que se efectuarán el próximo año costarán mil 370 millones de pesos, un rubro que estaba en ceros en el Instituto Federal Electoral, porque no tenía a su cargo la capacitación y fiscalización de comicios locales.

Falta saber qué parte de esos fondos trocarán a los organismos públicos locales electorales (Oples), que también solicitarán presupuesto para su operación a los congresos estatales.

Sólo para los procesos de integración de mesas directivas de casilla en los 13 estados en que habrá comicios, el INE propone gastar 736.8 millones de pesos; para la organización, otros 259.5 millones de pesos, y para compensar a servidores públicos y prestadores de servicios profesionales por sobrecargas de trabajo, más de 180 millones.

En tiempos de austeridad, el INE también busca dar continuidad a un proyecto de innovación y cambio institucional desde la dirección ejecutiva de administración, el cual cuesta 99.8 millones de pesos.

La mayor parte de estos fondos se destinarían a renovar el parque vehicular con una antigüedad mayor a 10 años, para la operación de las unidades responsables de oficinas centrales y delegacionales.

El instituto propone invertir cuantiosas cantidades en otros procesos de modernización, como son actualizar el Sistema de administración de los tiempos del Estado a televisión digital, lo que representa un costo de 41 millones de pesos.

La Coordinación de Comunicación Social solicita 38.5 millones de pesos para producir y distribuir material de las sesiones del Consejo General, mensajes de consejeros y diversas áreas de la institución para la televisión digital HD.

Para fomentar el desarrollo de los valores democráticos en los mexicanos pide 32 millones de pesos, que se destinarían a concursos, generación de conocimiento para la participación y el Acuerdo Nacional para la Educación Cívica en México.

Otra tajada mayor del presupuesto se la lleva la Unidad de Servicios de Informática (113.4 millones de pesos), que se caracterizó por haber tenido diversas fallas en el pasado proceso electoral, así como la Unidad Técnica de Fiscalización (72.7 millones de pesos), señalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su tardanza y falta de exhaustividad en sus investigaciones.

La dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, otra área con uno de los presupuestos más altos (445 millones de pesos), pretende invertir 14.6 millones de pesos en rubros novedosos, como el servicio de verificación de datos de la credencial para votar, que ha generado críticas y dudas de los partidos sobre su pertinencia.