Tlapa, Gro.

La organización de derechos humanos Tlachinollan presentó aquí su 21 informe de labores dedicado a la tragedia de Iguala-Ayotzinapa, que cambió la vida de las 43 familias de los muchachos desaparecidos y los tres caídos, pero que también transformó la naturaleza de esta institución. Dejamos de ser solamente una oficina de abogados y acompañantes para integrarnos de lleno a la lucha de este movimiento ejemplar, dijo Abel Barrera, fundador y dirigente.

La exigencia de justicia y verdad de estas familias incansables, que perdieron a los hijos que querían ser maestros de campesinos pobres, es ya el ejemplo más nítido de lucha desde abajo que enfrenta a un poder impune, dijo Barrera; un movimiento que ha desnudado la realidad de este país, donde pactan gobernantes, militares, partidos y empresarios con la delincuencia organizada.

En su 21 aniversario, Tlachinollan tituló su reporte Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo. En este documento se recoge el pensamiento de María Araceli Ramos, originaria de San Juan de las Flores (Costa Grande) y madre de Cutberto Ortiz Cabañas, uno de los 43. Mientras los gobernantes, partidos políticos y empresarios se ponen nerviosos, porque se avecina el 26 de septiembre, me sigo preguntando: ¿por qué yo he tenido que padecer la desaparición forzada de mi padre en los años 70 y ahora la de mi hijo?

El informe, un libro que recoge la historia del normalismo rural, la actuación de los cacicazgos políticos en Guerrero y su colusión con el crimen organizado y sus pactos con los gobiernos en turno, agrupa la voz de los padres de los desaparecidos y muertos del 26 de septiembre de 2014 y una narración sencilla y lógica de los hechos, con detalles y pasajes, algunos de ellos inéditos.

En los hechos presentados, aclaran, no se busca dar respuestas a lo sucedido ni generar tesis sobre lo mismo.

Pero sí se llega a algunas conclusiones: Queda claro que los crímenes del 26 de septiembre no fueron un hecho aislado, por el contrario, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales y en específico a Ayotzinapa, asienta el reporte.

También sostiene que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, ayuda a ubicar con mayor precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial. Y brinda la ocasión de desatar una vez más la digna lucha que desde hace casi un año emprendieron.

El informe de Tlachinollan enlista las deficiencias de la pesquiza : falta de certeza científica en la verdad oficial, la PGR no aclara cómo se explica su teoría del asesinato de Julio César Mondragón (el joven que fue mutilado), no ha iniciado un solo juicio penal por delito de desaparición forzada, no se ha indagado la responsabilidad del Ejército y no se han investigando los circuitos de corrupción y connivencia con el narcotráfico de la clase política guerrerense.

La Montaña, de pie con los 43

En la caótica comunidad de Tlapa, un conglomerado urbano sin orden ni planeación, donde han sentado base los comerciantes y negociantes que intercambian con las comunidades indígenas de La Montaña –más de 600 pueblos nahuas, mixtecos y tlapanecos regados en 19 escarpados municipios, entre ellos varios de los estadísticamente más pobres del país– la importancia política del centro Tlachinollan y el liderazgo de Abel Barrera se hicieron sentir ayer en la plaza pública.

Aunque impregnado por el sentido dramático del caso Ayot-zinapa, sin duda el más duro y de mayor calado que ha llegado a manos de estos defensores de derechos humanos, Tlachinollan celebró ayer su 21 aniversario. Y eso significó fiesta, bandas de músicos que llegaron de distintos pueblos y, por supuesto, comida. De Acatepec, un pueblo montañés muy pobre, que quedó aún mas pobre cuando fue arrasado hace dos años por los huracanes Ingrid y Manuel, llegaron las mujeres con leños, tinas, sacos de maíz y comales. Cocinaron toda la noche para alimentar a los miles que llegaron ayer, consejos de ancianos, comisionados ejidales y autoridades locales de la región. Solidaridad con los que se han solidarizado con ellos por dos décadas.

La lucha de las familias ayuda a ubicar con precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial, explica informe de TlachinollanFoto Víctor Camacho

Y todos cerrando filas en torno al grupo siempre compacto, indivisible, de los padres, madres y hermanos de los estudiantes normalistas.

La jornada empezó con una misa que brindó el párroco Juan Molina, de Xochitepec, Acatepec. Tejedor de redes comunitarias, Molina repartió velas entre los centenares de congregados para representar la indoblegable fuerza de los padres en su lucha por encontrar a sus hijos. “Desde el gobierno –acusó– hay un gran esfuerzo por hacer que nos cansemos, que nuestro corazón se desanime y dejemos la lucha por la justicia. No nos vamos a cansar”.

México preocupa a ONU-DH

Acudieron a Tlapa diversas organizaciones, entre ellas el Centro Pro de Derechos Humanos, Serapaz, Amnistía Internacional y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña, quien, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra hoy, recordó que este delito de lesa humanidad anteriormente fue producto de dictaduras militares, pero hoy es perpetrado en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como medio de represión a opositores.

Sobre México, agregó, al Alto Comisionado le preocupa el acoso persistente a defensores, familiares, testigos y abogados involucrados en labores de búsqueda y denuncia.

Luego del acto central del informe hubo marcha y mitin en la plaza central, frente a un palacio municipal que todavía muestra las pintas que recuerdan el asesinato de Antonio Vivar, pedagogo del Movimiento Popular Guerrerense, el pasado 7 de junio, en la noche de las elecciones. Ahí estuvo su hermano, quien se expresó así: A Antonio lo mataron por haber despertado demasiado a la lucha.

Hicieron presencia los campesinos del Consejo de Comunidades Damnificadas, que desde hace seis meses esperan que el gobierno federal les entregue una dotación de maíz comprometida para la siembra. El gobierno tiene una deuda pendiente, recordó, y su incumplimiento enfrenta con mayor miseria a 16 mil personas.

Finalmente Abel Barrera volvió a tomar la palabra. Para subrayar el salto cualitativo que ha dado su organización como integrante de un movimiento en lucha, el antropólogo, generalmente apacible y reflexivo, sacó a flote un discurso apasionado:

Dirigiéndose a los familiares de Ayotzinapa, les dijo: Ahora ustedes son nuestros maestros y maestras de derechos humanos. Son nuestra esperanza, la trinchera de lucha que va a cambiar a México.

Y les prometió: Vamos a pelear con ustedes, no nos rajamos. Peña Nieto nos pidió pasar página. ¡Ni madres! No nos rajamos. Vamos a enfrentar este poder impune, a estos procuradores y procuradoras que no quieren ver que este pueblo se está organizando. Y estos pueblos de La Montaña que hoy ven aquí representados ya se pusieron de pie para buscar, a su lado, a sus hijos.

Cruenta búsqueda

El centro Tlachinollan fue la primera organización que llegó, la madrugada del 27 de septiembre, a la Normal Rural de Ayotzinapa para ayudar a contar a los estudiantes que faltaban. Y desde entonces permanece ahí, representado por el abogado Vidulfo Rosales.

Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda, dice el informe.

Para Barrera, el caso de Iguala –que suma centenares de desaparecidos recientes más, además de los 43 jóvenes– no es un caso aislado, sino producto de una historia de impunidad. Desde la guerra sucia de los años 60, en el estado se cuentan más de 6 mil desapariciones forzadas. Desde el caso de Rosendo Radilla, de los años 70, que nunca se aclaró a pesar de que existe una orden de la Corte Interamericana, hay continuidad en una línea de crimen de Estado que no se ha cerrado.