Pachuca, Hgo.

Mirna García López, ex dirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo, cumplió un año en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades. García López fue detenida el 12 de agosto de 2014.

Según la averiguación previa 12/DAP/R/III/1895/2014, iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por robo agravado, se le atribuye hurtar 124.5 millones de pesos a través de 109 cheques que expidió después de que concluyó su gestión como dirigente.

Es indudable que mi madre es una presa política, dijo en entrevista Mario Vera García, hijo de Mirna. Sostuvo que en varias ocasiones, la ex lideresa le pidió al actual dirigente estatal del SNTE, Sinhué Ramírez Oviedo, dar de baja su firma de las cuentas bancarias, a lo que él se negó. Indicó que Ramírez Oviedo dijo a Mirna: ayúdeme, profesora, écheme la mano, y ella firmó cheques para el pago de servicios, computadoras y otros gastos que ordenaba el actual líder magisterial.

Víctor Juárez González, quien hace un año era juez primero penal de primera instancia de Pachuca, emitió una orden de aprehensión contra la ex lideresa del SNTE, el 12 de agosto de 2014 por robo agravado, aunque el sindicato la acusó de fraude, dijo Mario Vera.

Había prescrito el delito de fraude

De acuerdo con el Código Penal de Hidalgo, el delito de fraude tiene prescripción de un año a partir de que supuestamente se comete, por lo tanto, el SNTE tenía que haber interpuesto la denuncia en 2013, pues mi madre terminó su gestión en 2012, pero se hizo hasta 2014, por lo que ya había prescrito, agregó Vera García.

Unos 21 días después se hizo la denuncia por desfalco ante la procuraduría, lo cual no es tiempo suficiente para que esa dependencia hubiera terminado con la investigación y encontrado elementos probatorios, indicó Vera García. El Código Penal estipula la figura de conciliación en este tipo de delitos, antes de proceder a la emisión de orden de aprehensión, explicó.

Indicó que prueba de ello es un oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitido el 15 de agosto de 2014 –tres días después de la detención de la ex líder sindical– con el folio 214-2/SJ-546657/2014, en el que se informó que en la cuenta de Banco Santander a nombre del SNTE, Mirna García y Alejandro Soto Gutiérrez (quien precedió a Mirna como dirigente de la sección 15) aparecen de titulares. Es decir, cuando el juez emitió la orden de aprehensión aún no tenía en su poder el documento en que se sustentaron las acusaciones de fraude y robo, señaló Vera García.

Añadió que en un informe elaborado por el auditor del SNTE, José Guadalupe García Cancino, el cual obra en el expediente, se reconoció que de los 124.5 millones de pesos supuestamente robados, 8 millones 389 mil pesos fueron justificados con facturas que reúnen requisitos fiscales.

El juez Juárez González impuso a Mirna García, al dictarle auto de formal prisión, una caución de 91 millones de pesos, más otros 124 millones como garantía por los daños patrimoniales al SNTE. Si se habían justificado las erogaciones de más de 8 millones de pesos, ¿po rqué en la caución el juez determinó agregar los 124 millones, y no 116 por reparación del daño patrimonial?, cuestionó Mario Vera.

En abril de 2014 se tramitó el juicio de amparo1053/2011.1, el cual le fue otorgado a García López el 23 de diciembre de ese año. El juez segundo de distrito de Hidalgo, Alberto Miguel Ruiz Matías, consideró que no había pruebas para configurar los delitos de fraude ni robo agravado, mismo que según Vera García nunca existió, porque de acuerdo con los criterios del juez Alberto Miguel Ruiz no se cumplieron los elementos de apercibimiento y consumación inmediata.

Denuncias a destiempo

En términos generales, el amparo indica que los denunciantes del robo debieron señalar tiempo, lugar y modo en que se cometió el robo de cada cheque, por lo que debieron hacer una denuncia por cada uno de los 109 documentos emitidos. No es posible que entre 2012 y 2014 no se hubieran dado cuenta de la falta de cheques, y no hubieran interpuesto las denuncias correspondientes, comentó Mario Vera.

El primero de abril de 2015, Porfirio Cruz Ramírez –quien sustituyó a Juárez González como juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Pachuca– dejó insubsistente y sin efecto el auto de formal de prisión por el delito de robo agravado de 124 millones de pesos, pero reclasificó el crimen como abuso de confianza. Esto no tiene fundamento, ya que todo el dinero se usó para gastos del SNTE, acotó Vera García.

Señaló que ya casi todas las personas a quienes se les extendieron los cheques no justificados declararon ante el Ministerio Público a solicitud de la defensa. Algunos no entregaron facturas para no pagar IVA, pero probaron que los pagos que recibieron fueron por servicios y productos adquiridos por el SNTE, incluso por orden de Sinhué, afirmó. Sostuvo que es el caso de la compra de computadoras que Sinhué Ramírez entregó como apoyos a maestros, gasto que en la auditoría apareció como injustificado.

Solicitud de nuevo amparo

La defensa de Mirna García solicitó un nuevo amparo el 3 de abril de 2015 ante el juez primero penal federal Aureliano Verona Aguirre, quien con el pretexto de que no le tocaba declinó llevar el asunto y lo pasó al juzgado segundo federal.

Aureliano Verona se declaró incompetente de llevar el caso hasta en tres ocasiones, y pretendió pasarlo al segundo hasta que el Tribunal Superior de Justicia le notificó que por un acuerdo le tocaba resolverlo a él, y se le fija el 6 de junio para que haga la audiencia constitucional, acotó Mario.

Pero el 6 de junio, el juez difirió la audiencia, al argumentar que un informe que solicitó llegó atrasado, por lo que la nueva fecha para celebrarla quedó para el 12 de julio. Ese día, Verona Aguirre volvió a declinar llevar el caso.

Al poco tiempo, el Consejo de la Judicatura le ordenó tomar el asunto y fijó el 10 de agosto para hacer la audiencia constitucional, la cual ya se realizó. A partir de esa fecha el juez cuenta con 90 días hábiles para emitir sentencia.

Por lo pronto, los abogados de Mirna García anunciaron que acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reclamar por las diversas violaciones al debido proceso en el caso.