El grupo parlamentario del PRI en el Senado concluyó ayer su séptima reunión plenaria con la decisión de impulsar 41 iniciativas, la principal de ellas la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que planteó el presidente Enrique Peña Nieto, que está en esa cámara desde noviembre del año pasado.

Para los priístas y sus aliados del PVEM, con quienes realizaron la plenaria conjuntamente, esa iniciativa que propone establecer el mando único policiaco y la intervención del gobierno federal en ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado, es el punto toral de la agenda que habrán de desarrollar en el próximo periodo de sesiones, que comienza el primero de septiembre.

El coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, dejó claro que no quieren levantar falsas expectativas y van a tratar de sacar lo que humanamente se pueda. Adelantó que en la primera sesión, del jueves próximo, esperan votar la ratificación de Miguel Basáñez como embajador de México en Estados Unidos, y comenzar las negociaciones para desatorar la citada iniciativa presidencial, que es su prioridad.

Gamboa Patrón dijo asimismo que será un periodo difícil, bajo un entorno económico adverso, en el que los grupos parlamentarios del PRI y del Verde harán todo lo posible por lograr que se apruebe ese conjunto de cambios orientado a resolver la problemática de seguridad.

Detalló que otras reformas prioritarias son la ley en materia del combate a la trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas de ese delito; los cambios constitucionales en materia de arraigos y testigos; la expedición de la ley nacional de ejecución penal, y la reglamentación secundaria de justicia penal para adolescentes, temas en los que la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, insistió un día antes cuando participó en la plenaria.

Igualmente, reformas en materia de robo de hidrocarburos, de lavado de dinero, y una nueva ley federal de juegos con apuestas y sorteos.

También, en la agenda figuran una reforma constitucional en materia de derechos de las víctimas, y las leyes secundarias sobre desaparición forzada y tortura. La expedición de la ley sobre el derecho de réplica, pendiente desde legislaturas pasadas.

Un segundo paquete de reformas que los priístas se comprometieron a impulsar son las leyes secundarias sobre transparencia y combate a la corrupción, así como la expedición de la ley federal de procesos para sancionar responsabilidades administrativas.

También una iniciativa importante es la ley de zonas económicamente especiales, sobre la cual ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto hará llegar en breve al Senado, y la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, pendiente desde el año pasado.

Gamboa Patrón aseguró que ni el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni el de Hacienda, le informaron si el presidente Peña Nieto hará uso de su facultad constitucional para presentar el primero de septiembre alguna iniciativa preferente. No nos dieron por hecho nada, precisó.