Integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, denunciaron que existe encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacia los soldados que asesinaron al niño Hidelberto Reyes García, durante el operativo que llevaron a cabo en esta zona el pasado 19 de julio, y señalaron que mientras este crimen continúa impune, el comandante general de la policía comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda, sigue preso de modo injusto y absurdo.

A nombre de esta comunidad, Nicolás Flores Lugardo, Gregorio Santos Girón, Raymundo Ortiz, Gerardo Camacho de la Rosa y Christian Chávez ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la que también plantearon que se mantienen firmes en su oposición al desarme de la policía comunitaria y grupos de autodefensa.

Según sostuvieron, Verdía Zepeda siga encarcelado a pesar de que se han desvanecido las acusaciones por falta de pruebas, de que el síndico municipal de Aquila ya declaró que este líder de la policía comunitaria no cometió robo en agrario de este ayuntamiento, y aun cuando dos jueces se han declarado incompetentes para conocer del caso y se ha paseado el expediente de un juzgado a otro.

Todo ello demuestra “no sólo la ineficacia del gobierno de Michoacán y del Poder Judicial estatal, sino que permite reconocer la complicidad de altos funcionarios con el crimen organizado, específicamente con Los caballeros templarios”, cártel que no se ha desarticulado. Por ello, hay una oposición amplia contra el desarme de la policía comunitaria y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.