unos días de su tercer Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer una decena de enroques, entradas y salidas en su equipo de gobierno, entre los que destacan el arribo del ex canciller José Antonio Meade a la Secretaría de Desarrollo Social; la llegada de la hasta ayer titular de esa dependencia, Rosario Robles, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murillo Karam; el nombramiento de José Calzada Rovirosa –ex gobernador de Querétaro– como titular de la Secretaría de Agricultura, en remplazo de Enrique Martínez; la designación de Aurelio Nuño, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia, al frente de la Secretaría de Educación Pública; los nombramientos de Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y Rafael Pacchiano en las secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo y Medio Ambiente, respectivamente, así como la destitución de Monte Alejandro Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad y el nombramiento, en su lugar, de Renato Sales.
Con independencia de las dinámicas particulares, los cálculos y reacomodos políticos específicos a que hayan obedecido estos cambios en el equipo presidencial, es significativo que todos se produzcan en el contexto de una administración federal que, tras la aprobación de las reformas de cuño neoliberal en el marco del Pacto por México, no ha dejado de desgastarse en forma prematura, en buena medida por su escasa capacidad de reacción frente a las crisis que vive el país en varios frentes, particularmente el económico, el social, el de la seguridad pública, el de los derechos humanos y el de la transparencia.
Por desgracia, no hay señales de que el actual gobierno pretenda, con la referida reformulación del equipo gobernante, reconsiderar las políticas y estilos de gobierno que lo han caracterizado y que son causa principalísima de su deterioro; por lo contrario, los relevos dados a conocer ayer parecen una estrategia cosmética y de control de daños como lo fueron, en su momento, la destitución de Humberto Benítez Treviño como procurador federal del Consumidor y la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República.
Al igual que entonces, en las designaciones de ayer no puede apreciarse una voluntad por modificar el rumbo de la conducción política, económica y social de la nación: significativamente, el común denominador tras los relevos referidos ha sido la promesa de dar continuidad a los programas y acciones de gobierno en curso –como la llamada reforma educativa y la Cruzada contra el Hambre– sin importar que se encuentren desacreditados y sean vistos como generadores de conflictos con importantes sectores de la población.
Semejante falta de voluntad para ajustar el rumbo de acción no contribuye al necesario relanzamiento de un gobierno que, a menos de la mitad de su mandato, experimenta pérdida de credibilidad y capacidad de comunicación ante el conjunto de sus interlocutores, tanto en el ámbito nacional como internacional.
La situación nacional presente, recorrida por factores de alarma tanto endógenos y exógenos, requiere de una reformulación profunda del programa de gobierno que incluya, como primer paso, un cambio en la política económica adoptada hasta ahora y cuyos efectos están a la vista: debilidad estructural de la economía, crecimiento de la pobreza, deterioro del poder adquisitivo de la población y dependencia creciente respecto de los ciclos económicos del exterior. Es razonable pensar que si no exhibe una voluntad efectiva de modificar su rumbo actual y de renunciar a prácticas que han demostrado su inoperancia, la actual administración seguirá en proceso de erosión institucional que no augura nada bueno ni para ella misma ni para el país.
