Cancún, QR.

Con la elección por mayoría del sudafricano Dumisani Dladia para ocupar la secretaría del Tratado de Comercio de Armas (TTA, por sus siglas en inglés), el acuerdo de que cada país informe voluntariamente sobre la venta y compra de armamento y el compromiso de financiar la secretaría del tratado, que se ubicará en Ginebra, Suiza, este jueves concluyó la primera conferencia de las partes del TTA.

Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, y presidente de esta primera conferencia, explicó que todos los estados parte del tratado deberían tener la obligación de presentar informes anuales sobre sus importaciones y exportaciones.

Dijo que ‘‘la revisión de esos informes de unos y otros estados es lo que permite detectar inconsistencias y además sirve como herramienta preventiva y permite el uso de legislación nacional de armas para iniciar investigaciones, rastrear y castigar a los contrabandistas’’.

Convino en que la plena efectividad del tratado ‘‘depende de la universalidad y esto implica que los principales productores de armas que no están en el régimen, como Estados Unidos, tengan también que reportar tanto sus exportaciones como importaciones, lo que será de utilidad para detectar flujos de armas ilegales’’. Dijo que la firma de México y 72 países que han ratificado el tratado, refleja una buena señal de que el acuerdo será en breve universal.

Dladia, quien a partir del primero de diciembre de 2015 tiene como reto inmediato construir el andamiaje institucional en Ginebra, ya que en mayo de 2016 los estados empezarán a informar sobre compra y venta de armas en su modalidad de exportaciones.

La conferencia también adoptó su reglamento financiero después de un intenso proceso de consultas. Con las decisiones adoptadas, junto con la aprobación del reglamento de la conferencia, se cumple con las tres decisiones previstas en el tratado para esta primera conferencia de los estados parte. La presidencia de la segunda conferencia, que tendrá lugar a partir del próximo año en Ginebra, recayó en Nigeria.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el resultado fue insuficiente, pues no fue posible que todos los estados asumieran como obligación la entrega anual de reportes.