El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que el país no tiene la posibilidad de dimensionar el verdadero problema de las desapariciones forzadas, pues se carece de bases de datos confiables y actualizados que determinen con certeza el número de casos que serían imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares.

Al participar en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el marco del foro Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas, el ombudsman nacional se manifestó por que en la ley general contra desapariciones forzadas que se elabora en el Senado se escuche a los familiares de las víctimas atendiendo sus necesidades y opiniones, así como a las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.

En el foro, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia y que continuará hasta el próximo 30 de agosto, González Pérez aseguró que no basta la identificación y sanción a los responsables de este delito, sino se requiere conocer la verdad y el paradero de las personas desaparecidas.

Es decir, agregó, está ley debe incluir en su articulado la obligación de continuar con la búsqueda de las víctimas, aun cuando se haya determinado la responsabilidad en un caso, además de la tipificación del delito por particulares y la declaración de ausencia por desaparición.

Subrayó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado la urgente necesidad, no sólo de reconocer la problemática existente en nuestro país, sino de implementar acciones para su atención, desde la debida tipificación del delito de desaparición forzada conforme a estándares internacionales; el adecuado registro de los casos que distinga aquellos que propiamente impliquen una desaparición forzada de los atribuidos a particulares o miembros de la delincuencia organizada, así como las personas cuyo paradero se desconoce por encontrarse extraviadas o no localizadas.

Al referirse al caso Ayotzinapa, dijo que el problema no se limita a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, sino que es mucho más amplio y serio. Pero ha contribuido, añadió, a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados, y que demandan una atención urgente, como los hallazgos de fosas clandestinas en algunas entidades.

Por su parte, Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reconoció que esta ley contra las desapariciones forzadas ‘‘llega tarde’’, pues este problema no sólo tiene ocho años que se ha agudizado de manera alarmante, sino lleva varias décadas que ha estado presente en nuestra sociedad sin que se haga nada.