Guatemala.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas de Guatemala se sumaron, por separado, a los llamados de los distintos sectores de la población para que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, acusado de dirigir presuntamente una organización de defraudación aduanera, a fin de mantener la paz en este país centroamericano.

Al cierre de esta edición, Pérez Molina reiteró que no renunciará porque no ha cometido ningún delito. Quiero decirle a todos los guatemaltecos que estoy aquí, que voy a dar la cara. Seguiré al frente del país, no voy a huir, declaró a la emisora local Radio Sonora, pese a manifestaciones masivas y un paro parcial iniciado el martes pasado en demanda de su salida del poder.

Decenas de miles de personas se volcaron de nuevo a las calles de esta capital para exigir la salida de Pérez Molina, en momentos en que se integró en el Congreso una comisión especial de diputados que analizará el retiro de la inmunidad al mandatario para que sea investigado por su presunta vinculación con una organización conocida como La línea, integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos.

El presidente del Congreso, Luis Rabbé, comentó que los cinco diputados que integran la comisión fueron seleccionados mediante un sorteo realizado durante una sesión ordinaria del pleno, y tienen hasta 60 días para analizar el expediente y presentar un informe con su recomendación.

Al grito de ¡renuncia ya!, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital guatemalteca para exigir la salida de Pérez Molina y que sean suspendidas las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre, hasta que se convoquen sin candidatos corruptos.

Otto, la cárcel te espera, la corrupción nos está quitando la vida, Otto ladrón, se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la Universidad de San Carlos, en la periferia sur de la capital, hacia el centro histórico.

En un giro sorprendente, la Procuraduría General, que representa jurídicamente al Estado, solicitó al gobernante que presente su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación.

A la petición se sumó la Contraloría General de Cuentas, ente auditor del Estado, que exhortó en un comunicado a que en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia... para evitar mayores incidentes sociales.

Pérez fue involucrado el pasado viernes con La línea. El fraude fue revelado en abril por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas, ONU).

Según la fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció y se encuentra en prisión preventiva.

Desde el viernes pasado y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios, entre ellos siete ministros, renunciaron a sus puestos, incluido el embajador ante la ONU, Fernando Carrera. Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo. La Cicig se encontró que Pérez Molina y Baldetti habrían recibido unos 262 mil dólares por cohecho en sólo una semana.

Además, el gobierno enfrenta acusaciones por otro caso de fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un monto aproximado de 14.5 millones de dólares, así como un desvío de 6.7 millones de dólares del Ministerio de Gobernación.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el máximo órgano del sector empresarial, renovó su pedido al presidente para que dimita. Hacemos un llamado a Otto Pérez Molina para que no se aferre al cargo y escuche el clamor de todo un país que rechaza de forma categórica los actos de corrupción cometidos en su gobierno, dijo en un comunicado.

Consideramos que el presidente debería reflexionar en su conciencia la decisión de no renunciar, dijo a su vez la Conferencia Episcopal católica en una declaración en la cual externó su temor de que su postura cause más polarización en el país y genere mayor conflictividad.