Hermosillo, Son.

La Procuraduría estatal informó que solicitó a un juez 16 órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en una red de tráfico de menores, entre ellas dos funcionarios estatales. Se sospecha que al menos en un caso los niños –que eran vendidos hasta en 20 mil dólares– fueron sustraídos de una casa hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El procurador estatal, Carlos Navarro López, dijo en conferencia de prensa que las órdenes de arresto solicitadas son por los presuntos delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, sustracción y tráfico de menores. Agregó que a partir de las indagatorias, se identificó a nueve menores que fueron inscritos de manera irregular en el Registro Civil.

Entre los implicados figuran Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años, ex subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, encargado de la línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años, encargado jurídico de la Unión Ganadera local. El procurador no identificó al resto de los coludidos.

Navarro Sugich reveló que la investigación comenzó el 18 de marzo pasado, luego de que la Policía Estatal Investigadora recibió una denuncia anónima en la que se señalaba que Vladimir Arzate retuvo a un bebé de manera ilegal. Indicó que el agente del Ministerio Público del fuero común ordenó la indagatoria por la cual se determinó que Vladimir Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la entrega de los menores.

Forma de operar

Indicó que Arzate Carvajal se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes, y en lugar de poner a los menores a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en casas hogares del DIF, los entregaba ilegalmente a quienes se hacían pasar por sus padres biológicos.

Para realizar estos trámites se usó documentación oficial, misma que Vladimir Arzate firmaba en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia.

Posteriormente, José Manuel Hernández y Arzate Carvajal acudían a un médico que proporcionaba avisos de nacimiento con el nombre de la falsa madre, en un documento listo para que se plasmara la huella de la planta del pie del bebé respectivo. Entonces llevaban a los menores al Registro Civil y obtenían un acta de nacimiento, como si fuera un hijo biológico legítimo.

Sostuvo que así gestionaron la entrega de menores a candidatos a adopción, siendo Hernández López quien visitaba o llamaba telefónicamente a las parejas, a las cuales ofrecía un trámite exprés a cambio de dinero.

El procurador señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación y búsqueda de más niños que estén en esas circunstancias, y de más personas involucradas.