El juzgado 11 de distrito para procesos penales federales determinó el 17 de agosto que es improcedente la petición del gobierno de España de extraditar al inmigrante vasco Hilario Urbizu San Román. Se le acusa de ser integrante de la organización ETA y de haber participado indirectamente en un atentado en Navarra hace 35 años.

Sandino Rivero, el abogado del vasco, que fue detenido en la sierra mazateca de Oaxaca el 6 de mayo, después de residir y trabajar en México durante tres décadas, explicó que la opinión jurídica del juez que revisó la petición de extradición señala que no hay elementos para continuar el proceso, ya que los delitos imputados prescribieron conforme al código penal que estaba vigente en España a la fecha del hecho juzgado.

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade –quien tiene la última palabra en el procedimiento– cuenta con 20 días hábiles desde el 17 de agosto para emitir una resolución. Si resuelve conforme al fallo del juzgado correspondiente, Urbizu deberá quedar de inmediato en libertad. El plazo vence el 6 de septiembre.

El abogado argumentó la ilegalidad de la petición de la justicia española, que apeló a un tratado de extradición vigente con fecha posterior al hecho reclamado, ocurrido en enero de 1980, en el que murió un guardia civil. También alegó que los delitos por los cuales la Audiencia Nacional pretende juzgar a Urbizu ya prescribieron, conforme al código penal vigente en esas fechas en España y reformado en los años 90.

Esperamos que Meade actúe en consonancia con la opinión del juez. Sería absurdo que insistiera en entregar al ciudadano sin base alguna, pero en caso que así lo decidiera, la defensa tiene un recurso de amparo y la posibilidad de elevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, afirmó Sandino Rivero, podríamos presentar un recurso de inconstitucionalidad del tratado de extradición.

Urbizu fue ingresado después de su detención en el Reclusorio Oriente, pero trasladado hace semanas a la Torre Médica de Tepepan, donde recibe tratamiento contra cáncer de pulmón y de piel; también padece gastritis grave. Es naturalizado mexicano, casado y con hijos nacidos en el país.

Hasta principios de los años 90 el gobierno español no abrió procedimiento judicial alguno en su contra; hasta 1994 se le imputó, cuando fue mencionado por otros procesados como actor indirecto de un atentado. Desde 1996 una asociación de víctimas de ETA informó a las autoridades de la presencia del inmigrado vasco en Oaxaca, pero el juzgado de la causa estimó que no existían pruebas suficientes en su contra. El año pasado el mismo juzgado cambió de opinión y activó una orden de búsqueda y detención.

En la petición de extradición de la embajada de España, de apenas ocho líneas, no hay imputación directa a ningún hecho de sangre. Sólo afirma que forma parte de ETA.