Chilpancingo, Gro.

Unos 100 maestros egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron por unos 40 minutos la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para exigir 121 plazas que les prometió la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).

En la caseta de Palo Blanco, los maestros egresados de la generación 2011-2015 cobraron una cuota a los automovilistas, hasta que fueron replegados por unos 300 elementos de la Policía Federal.

Ahí acusaron al gobernador Rogelio Ortega de haberlos engañado, al prometerles que se les entregarían sus plazas de maestro.

Los docentes posteriormente se trasladaron a la Dirección de Administración Personal de la SEG, donde aseguraron que el titular de la dependencia, Joaquín García Mondragón, boicotea el acuerdo al que llegaron con el coordinador general de Servicio Docente de la Secretaría de Educación Pública federal, Ramiro Álvarez Retana, en cuanto a que los 121 egresados de Ayotzinapa serían sometidos a un segundo examen de oposición para alcanzar una de las 600 plazas que dejará el personal que se va a jubilar este año.

Insistieron en que el gobernador se comprometió a que se les entregarían las plazas, mientras que el licenciado Joaquín Mondragón nos propuso que presentáramos la evaluación para el nuevo ingreso, pero sólo un compañero aprobó el examen.

Dijo que el funcionario federal les ofreció que en cuanto se dieran a conocer los resultados, fueran con él para que les entregaran sus plazas de maestro, nos dijo que todos saldríamos idóneos, que el examen sería de mero trámite y que luego nos entregarían nuestra plaza. Hace 15 días se dieron los resultados, y a nuestro compañero idóneo ya le dieron su plaza.

Advirtieron que la SEG tiene de plazo hasta el próximo 31 de agosto para que les entreguen sus plazas: de lo contrario tomarán otras medidas. Afirmaron que con la SEG se acordó que el verdadero examen para los egresados de la Normal de Ayotzinapa será en septiembre, pero que antes se impartirá un curso para que lleguemos preparados y haya garantía de que obtengamos una plaza. Fue el mismo gobernador Rogelio Ortega quien avaló el acuerdo, pero resulta que ahora trata de frenar eso que él mismo suscribió.