La Procuraduría General de la República (PGR) aceptará que los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) continúen tra- bajando en el caso Iguala; asimismo, se infomó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dará a conocer en las próximas semanas el cumplimiento a la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió para subsanar las deficiencias de la investigación realizada en este caso, durante la gestión del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional informaron que la procuradora Arely Gómez González ordenó atender todas y cada una de las observaciones realizadas tanto por los especialistas de la CIDH como de la CNDH y las diligencias que no se hubieran practicado durante el periodo de septiembre de 2014 a febrero de 2015, cuando se integró la llamada comisión de la verdad histórica.

La información recabada refiere que la Seido, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ha desahogado la mayor parte de las peticiones de los organismos de derechos humanos, y resultado de ello se localizó un inmueble en el municipio de Cocula, Guerrero, en el que se conoció que ocho de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos fueron trasladados allí antes de ser reunidos con sus compañeros y trasladados al basurero de ese ayuntamiento.

En ese contexto, la CNDH solicitó a la PGR integrar las fichas de identificación para comparación y establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos a partir de las evidencias existentes y de los testimonios de su entorno familiar y social.

Asimismo, que continuará con las acciones que pudieran llevar al paradero de los estudiantes desaparecidos.

Además, a efecto de procurar certidumbre a los familiares de las víctimas, agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes, entre ellas en la que se afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la Sierra del estado de Guerrero, la que afirma que en Apango ya apareció uno con vida y la que afirma que están autosecuestrados.

Además, el ombudsman nacional solicitó la aplicación, en todos los casos, del protocolo para el tratamiento e identificación forense, y la georreferenciación y los datos generales de las líneas de los teléfonos celulares de dos estudiantes desaparecidos de los que, presuntamente, cada uno habría enviado un mensaje de texto a personas cercanas los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Asimismo se pidió dar explicación de por qué los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados a la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, conocer quién los llevó y el motivo por el que precisamente fueron los alumnos de primer grado.

Respecto de las recomendaciones de los expertos de la Cidh, la PGR tiene pendientes entre otros asuntos, el acceso al 27 batallón de infantería con sede en Iguala, practicar un interrogatorio a los militares que realizaron alguna acción relacionada con el caso Ayzinapa durante el 26 y el 27 de septiembre pasados.

Asimismo, la acumulación y unificar las seis causas abiertas contra 110 inculpados.