El tema forma parte de su agenda para la 63 Legislatura
Miércoles 26 de agosto de 2015, p. 5
Tijuana, BC.
Al aparente diferendo entre la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Ricardo Anaya, y el ex dirigente Gustavo Madero, manifiesto el pasado lunes durante la reunión plenaria, siguió una operación para restañar las heridas con que habrá de iniciar sus trabajos ese partido en la Cámara de Diputados. En la segunda jornada de trabajo de la plenaria la mayoría de los representantes del blanquiazul determinaron respaldar al coordinador designado, Marko Cortés, y limpiar el escenario de la disputa con el grupo de apoya a Madero Muñoz.
Así, el coordinador –quien dio a conocer la agenda legislativa para el inminente periodo ordinario de sesiones– anunció que en materia económica el gobierno federal ‘‘deberá reducir sus gastos’’. Expuso que por el ‘‘conflicto de interés’’ prefigurado en torno a la llamada Casa Blanca, el PAN propone la integración de una comisión especial (bicamaral) que investigue por qué el gobierno federal decidió cerrar esa investigación.
Además, el PAN propondrá realizar juicio político contra el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por haber entregado resultados que no convencieron a una franja de la población. Cortés sumó su respaldo a la propuesta del PRD para iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por las violaciones a la Constitución en materia del uso de recursos públicos y por el ambiente de violencia que se vive en ese estado.
Así, los panistas registrarán en los próximos días ante la mesa directiva el contenido de sus propuestas. El documento establece ‘‘nuestro compromiso con las grandes demandas de los mexicanos y con nuestro proyecto de transformar a México para construir una patria más justa, digna y solidaria para los mexicanos. Esta lucha hoy es más urgente porque el gobierno actual perdió el rumbo y sus errores nos llevaron a una crisis económica, de inseguridad, de empobrecimiento y corrupción sin precedentes en este siglo’’.
Las cuatro propuestas más importantes elaboradas por la plenaria refieren el afán de concretar la plena operación del sistema nacional anticorrupción, así como la legislación pendiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
También buscará revertir la ‘‘nociva reforma fiscal aprobada en 2014, particularmente sus aspectos más negativos como fueron homologar la tasa del IVA en las regiones fronterizas, gravar las prestaciones para los trabajadores, establecer topes en los rubros deducibles y eliminar el régimen de pequeños contribuyentes. Decimos no a la crisis económica provocada por la voracidad fiscal del gobierno’’.
En tercer sitio coloca el impulso a las iniciativas que ‘‘incrementen’’ los niveles de seguridad pública para las familias mexicanas, entre otras la que establezca las bases de un plan nacional de prevención del delito, la constitución de la secretaría de seguridad interior, el instituto nacional de seguridad pública y el centro nacional de denuncia y atención ciudadana.
En el ámbito del combate total a la corrupción y fortalecimiento institucional, Acción Nacional buscará que la Cámara de Diputados expida la ley general que finque las bases de operación del sistema nacional anticorrupción, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo, y adecuar las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental a la reforma constitucional en la materia.
Un tema novedoso será la propuesta de reforma la ley de consulta popular ‘‘para garantizar el pleno derecho de los ciudadanos a la realización de ese ejercicio y evitar que las consultas sean desechadas aduciendo una interpretación limitada y regresiva de sus fundamentos legales’’.
En lo que hace al llamado crecimiento justo, duradero y sostenible, la propuesta contempla una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, con objeto de ‘‘subir’’ el salario mínimo. Asimismo, en el espectro económico señalan: ‘‘Revertiremos la reforma hacendaria que ha frenado la inversión y la creación de empleos y propondremos un marco fiscal que tenga reglas sencillas de tributación y que impulse verdaderamente el sector productivo del país’’.
Además, contemplan reformar la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar el presupuesto de los gobiernos locales, impulsar la aprobación de un paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 que privilegie la eficiencia del gasto que realizan las dependencias y entidades del gobierno federal con base en las necesidades de inversión de programas que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.