A pesar de las críticas a la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la llamada Casa Blanca, el titular de la dependencia, Virgilio Andrade, reivindicó la ‘‘dimensión jurídica’’ que soportó el fallo absolutorio. Sin embargo, reconoció la prioridad que debe tener el Congreso para legislar en materia de ‘‘conflicto de interés’’, como parte del entramado legal para construir el sistema nacional anticorrupción.

Entrevistado en el marco de la primera reunión del comité rector del sistema nacional de fiscalización, Andrade consideró que la nueva legislación que regule el conflicto de intereses debería enfocarse, entre otros aspectos, en ‘‘los alcances en términos del tiempo, de participación de servidores públicos y fundamentalmente qué tipo de participación tendrían los contratistas que en el futuro tengan vinculación con personas que a la larga son servidores públicos’’.

El tema de la Casa Blanca también fue abordado por el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien consideró que la legislación mexicana en materia de conflicto de interés es adecuada, si bien reconoció la importancia de que al aprobar una ley en específico se recojan las mejores prácticas a nivel internacional para inhibir estas formas de corrupción.

Portal estimó que en la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos está tipificado el término conflicto de intereses, aunque refirió que en esta conducta puede incurrirse en ‘‘conflicto real o potencial’’. Sugirió que para el caso (de la Casa Blanca) pudo haberse incurrido en el ‘‘potencial conflicto de intereses’’.

–¿Qué opina de la disculpa ofrecida por el Presidente? –se preguntó a Andrade.

–Los eventos y las circunstancias donde una autoridad toma decisiones tiene distintas dimensiones, particularmente en temas que llaman la atención general, y desde luego los servidores públicos toman sus decisiones en relación con esos temas.

–Según el fallo, no habría motivo para disculparse.

–La secretaría puso la dimensión jurídica a disposición de todo el público, y esta dimensión trae los fundamentos y descripción de los hechos; es lo que le correspondió a la SFP y a partir de ahí el publico, autoridades y servidores públicos estarán haciendo revisiones y pronunciamientos.

–¿Es jurídicamente aceptable, pero politicamente no?

–A la secretaría corresponde dar la dimensión jurídica y es la sociedad la que tiene la posibilidad de revisarlo de manera abierta.

A su vez, Portal reconoció que los funcionarios pueden caer en conflicto de intereses, pero eso depende de la ética de esos mismos funcionarios. Por ello destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para promover la integridad entre los servidores públicos.

Indicó que hay mecanismos que permiten promover las mejores prácticas de control que coadyuven a inhibir que se incurra en esta forma de corrupción. A nivel internacional, dijo, hay programas de autoevaluación en la que las instituciones pueden detectar cuáles son los puntos donde se genera ese problema y evitar así riesgos.