Bogotá.

Las autoridades de la ciudad de Cúcuta declararon este lunes el estado de calamidad pública, a raíz de la deportación masiva de colombianos radicados en la zona fronteriza de Venezuela, que del viernes a este lunes sumaron mil 12, según el recuento del gobernador del estado venezolano de Táchira, José Vielma Mora.

La decisión fue adoptada por el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, para poder acceder a recursos del gobierno central colombiano y responder a las deportaciones hechas por las autoridades venezolanas.

El presidente Nicolás Maduro ordenó el miércoles el cierre de la frontera después de que un grupo de individuos no identificado atacó e hirió a tres militares y un civil que participaban en una operación contra el contrabando en San Antonio del Táchira, en la frontera occidental de Venezuela.

Tres días después, el viernes, Maduro decretó el estado de excepción por 60 días en seis municipios de la región y ordenó el cierre indefinido de la aduana.

El gobernador Vielma Mora informó que en la operación anticontrabando que se desarrolla bajo estado de excepción en Táchira han sido capturados 10 presuntos paramilitares y fueron halladas 50 toneladas de alimentos almacenados en momentos en que Venezuela se enfrenta a una crisis de escasez de productos básicos.

Según Maduro, en el lucrativo contrabando y ocultamiento de alimentos en la región limítrofe de dos mil 200 kilómetros están implicados paramilitares colombianos aliados con la derecha de su país, que buscan desestabilizar a su gobierno.

Este lunes, el mandatario designó a un militar como autoridad única de los municipios donde rige el estado de excepción, vecinos de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

En aparente alusión a las elecciones legislativas venezolanas de fin de año, el gobierno colombiano señaló en un comunicado que la confrontación sólo sirve a intereses políticos, individuales y electorales y no conduce a una solución satisfactoria.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó que será firme en la defensa de los derechos humanos de los colombianos deportados, mientras la Organización de Estados Americanos hizo un llamado al diálogo.

En La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia admitieron por primera vez su responsabilidad en el asesinato de Genaro García, líder étnico en una comunidad rural de Colombia, el 3 de agosto pasado, y se comprometieron a sancionar el acto.