ras el encarcelamiento de la ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, acusada de encabezar una red de defraudación fiscal en compañía del aún presidente Otto Pérez Molina, éste optó por ignorar el clamor que exige su renuncia, por atrincherarse en el cargo y, tras realizar algunos cambios en su gabinete, emitió ayer un mensaje televisivo pregrabado en el que arremetió contra sus acusadores, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como contra los empresarios del país y la comunidad internacional en general. Asimismo, Pérez Molina –un general retirado que participó en la ejecución de crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras castrenses que asolaron al país vecino hasta hace dos décadas– exhortó a movimientos sociales y campesinos a solidarizarse con él y salir a las calles para protestar contra lo que caracterizó de persecución política en su contra.

Este nuevo episodio de la crisis política guatemalteca ocurre a dos semanas de que se realicen las elecciones presidenciales previstas para el mes próximo, ante las cuales aparece como más probable ganador el empresario Manuel Baldizón, no por sus simpatías entre los ciudadanos ni porque haya presentado una propuesta convincente de gobierno, sino por las ingentes sumas de dinero de procedencia dudosa que ha invertido en su campaña y en regalos al electorado.

Otro elemento fundamental para comprender el contexto institucional del país centroamericano es el conjunto de acusaciones por corrupción que pesan sobre buena parte de funcionarios, legisladores y políticos de los principales partidos y tienen a decenas de ellos en la cárcel o sometidos a procesos judiciales.

Las imputaciones correspondientes han sido formuladas por la dupla que forman el MP y la Cicig, instancia internacional independiente del gobierno de Guatemala que opera bajo mandato de la ONU y funge como coadyuvante de la fiscalía. La actuación depuradora de ambas instancias ha generado un movimiento social masivo que desde abril pasado exige no sólo la renuncia de Pérez, sino también la cancelación del proceso electoral –el cual permitiría mantenerse en el ámbito del poder público a institutos políticos y contendientes manchados por los escándalos– y una reforma del Estado que rompa con el círculo vicioso que, según el comisionado Iván Velásquez, titular de la Cicig, ha distorsionado la institucionalidad del país centroamericano, al convertirla en una gigantesca maquinaria de hacer dinero por medios ajenos a la legalidad.

Sería ingenuo no ver que, además de la tenaz indignación ciudadana y popular, y aparte de la rectitud y el valor con que se ha conducido la instancia internacional referida, hay dos factores espurios que desempeñan un papel en la gestación y desarrollo de la actual crisis política: por un lado, la cada vez menos soterrada fractura entre la oligarquía tradicional y la clase política que solía estar al servicio de ésta y, por el otro, la mano de la embajada de Estados Unidos, la cual no ha dejado de especular con el panorama político, sea para incrementar el grado de supeditación a Washington de los gobernantes guatemaltecos –los presentes y los que lleguen–, sea para desecharlos en beneficio de aliados locales menos desprestigiados y más eficaces.

Cabe esperar que, sea cual sea el desenlace de la circunstancia, la sociedad guatemalteca logre hacer a un lado las componendas foráneas y cupulares y pueda hacer valer sus intereses legítimos, limpiar la corrupción criminal y la impunidad que han invadido las instituciones, dotarse de mecanismos de representación realmente representativos y participativos, y establecer un poder público genuinamente interesado en resolver los problemas de marginación, pobreza, carencias educativas, inseguridad y violencia que son también, en aquella orilla del Suchiate, los principales infiernos que padece la mayoría de la población.