Las labores de elementos de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública puede generar las condiciones para que los efectivos militares incurran en graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, coincidieron el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón.

En entrevistas con este diario, ambos reconocieron que el regreso a los cuarteles de los miembros del Ejército debe darse de forma paulatina, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto debe poner énfasis en que la seguridad recaiga en las fuerzas civiles y no en las militares, así como sancionar a quienes actuaron, ejecutaron y mandataron las agresiones contra civiles en Tlatlaya, estado de México; Santa María Ostula, Michoacán, y Calera, Zacatecas, donde se presume que elementos castrenses participaron en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a garantías fundamentales.

Álvarez Icaza resaltó que los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos asientan la diferencia entre las fuerzas militares y las civiles. Las primeras, dijo, están entrenadas en el uso extremo y letal de la fuerza, mientras las civiles lo están en el uso proporcional de la misma. De manera que si no se tiene claridad de las funciones y los roles que se tienen que asignar, se puede generar una condición de violación a los derechos humanos.

Por su parte, el director del Centro Prodh dijo estar preocupado porque en el próximo periodo de sesiones desde el Legislativo se discuta y apruebe una posible reforma que dote a las fuerzas armadas de un marco jurídico para participar en la estrategia de seguridad.