San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Las 17 familias tojolabales desplazadas del poblado Primero de Agosto, municipio de Las Margaritas, denunciaron que las autoridades del ejido Miguel Hidalgo volvieron a hostigarlos desde principios del mes, mediante múltiples disparos al aire libre con armas de fuego a unos 100 metros de donde se encuentran y señalaron que el conflicto es por la disputa de tierras con integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H).

En un comunicado, explican que se vieron obligados a salir de sus tierras desde el 23 de febrero pasado, pero continúan las agresiones. Los niños y las mujeres, en especial tres que están embarazadas, tienen miedo de que nos maten en cualquier momento, por­que desde el 9 de mayo de 2013, en que casi pierde la vida nuestro compañero Arturo Pérez López, hemos realizado las denuncias en las instancias correspondientes, pero hasta el momento no hay justicia, dijeron.

Se quejaron de que el 3 de agosto, a las 12 horas, Javier Ló­pez Pérez, comisionado por sus compañeros cioaquistas para vigilarnos e intimidarnos, pasó a cinco metros de donde estamos desplazados y metía y sacaba su mano derecha del morral con un arma de fuego pequeña color negro.

Agregaron que el 6 de agosto, Armando Méndez López y Francisco López Román, ejidatarios de Miguel Hidalgo pertenecientes de la CIOAC-H, pasaron a hostigarnos a cuatro metros del local donde nos encontramos desplazados, diciéndonos que muy pronto nos lastimarán.

Sin intervención oficial

Se quejaron de que, a pesar de las denuncias, el Ministerio Público ubicado en Las Margaritas y la Fiscalía de Justicia Indígena con sede en San Cristóbal de Las Casas, no han intervenido.

Aseguraron que las 17 familias luchamos por la vida que es nuestra madre tierra y para que no nos la quiten, pero nos preocupan las omisiones de las autoridades en sus tres niveles, porque siguen las fuertes amenazas de muerte en contra nuestra.

Como han hecho desde su reubicación forzada, demandaron que cesen las amenazas y hostigamientos; cumplimiento de las minutas de acuerdo, especialmente la del 25 de febrero pasado para el reparto equitativo de la tierra en Primero de Agosto; retorno a nuestro poblado; aplicación de la justicia a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos y la reparación integral de los daños ocasionados a sus bienes.