Al haber negado siempre la incidencia de los refrescos y la comida chatarra en la epidemia de obesidad en México, no es de extrañar que ahora las confederaciones del sector privado y las empresas que los fabrican traten de echar abajo los impuestos especiales que se aprobaron con la reforma fiscal pretextando que no han funcionado, advirtió Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC).

El 18 de agosto, Manuel Herrera, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), sostuvo que el impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) para bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico que entró en vigor en 2014 no ha servido como inhibidor del consumo de dichos productos e incluso es regresivo.

Si el sector privado logra que el gobierno federal eche para atrás tal gravamen los costos para la sociedad serían altísimos en términos de salud pública, mismos que, dijo, superan con mucho la recaudación que el gobierno federal ha logrado hasta el momento al gravar refrescos, botanas, galletas o dulces.

Hay que recordar que esas empresas y asociaciones han negado el vínculo de estos productos con la obesidad y la diabetes a pesar de toda la evidencia científica existente. Han desconocido también, a través de la Asociación Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas, las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el máximo tolerable del consumo de azúcar por día. Se han pronunciado contra todo tipo de regulaciones que ha recomendado la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió Calvillo.

El dirigente de Concamin aseguró que no existe evidencia científica de la eficacia de la medida (los impuestos) en la disminuación de la prevalencia de la obesidad y la diabetes, pero el director de EPC recordó, como publicó anteriormente este diario, que ya existe una investigación al respecto realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, cuyos resultados fueron adelantados desde mediados de junio y que serán publicados próximamente.

Esa investigación da cuenta de que, en general, el consumo de las bebidas azucaradas, que incluyen desde refrescos, jugos y néctares hasta tés y bebidas energizantes, se redujo 6 por ciento entre la población en general y 12 por ciento en diciembre, pero en el tercil de mexicanos con menores ingresos (la tercera parte del total), el que está más impactado por estos productos y enfermedades ligadas a la obesidad, el consumo descendió hasta 9 por ciento en el año y 17 por ciento en diciembre.

Cuando comenzó a aplicarse el IEPS, expertos advirtieron que no habría un impacto inmediato en el consumo de bebidas azucaradas, a las que se gravó con un peso por cada litro, y para los productos con alto contenido calórico como dulces, pan dulce y pastelillos, botanas, galletas y chocolates, entre otros, por los que se paga 8 por ciento de impuesto. Sin embargo, a 20 meses que entró en vigor el impuesto ya se tienen los primeros resultados, insistió el director de EPC.

A la par que ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas, destacó que el de agua embotellada aumentó 4 por ciento. De ahí que EPC insista en que a ésta se le exente el impuesto al valor agregado (IVA) para que la gente la ingiera más que los refrescos. Sería más barata, con consecuencias positivas para la salud, y la diferencia de precio respecto de los refrescos sería hasta de 50 por ciento, así una botella de agua de un litro ya sin IVA podría costar cuatro pesos y la de refresco ocho, puntualizó Calvillo.