n sacerdote progresista, al saber de las quejas de algunos obreros por el maltrato que recibían de sus patrones, solía contestarles: la solución a su problema está en la Biblia; cuando le preguntaban ¿por qué?, respondía: porque la Biblia dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más organizados que los malos. Luego recapacitaba y aclaraba en tono informal: bueno, más o menos, y si no lo dice, debería decirlo.

Tenía razón el religioso al subrayar la importancia de la organización para lograr el respeto a los derechos. En nuestro país, aun teniendo la razón y la ley de nuestro lado, es muy difícil lograr que los órganos de justicia funcionen. Eso lo ha entendido bien la población y por eso vemos tantas movilizaciones y luchas colectivas en las calles demandando soluciones justas.

El sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos en nuestro país es sin duda el campesino. Son tantas las limitaciones y carencias para mantenerse en sus campos y sus pueblos, que se han visto obligados, en las últimas décadas, a migrar por miles hacia las ciudades o el extranjero, buscando trabajo y comida para sus familias.

Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes, habitan en lugares insalubres, son innumerables los riesgos de trabajo que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan, y la violación a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres, es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo especial para ese sector, éste es letra muerta.

Han sido muchos los intentos de los jornaleros para organizarse en sindicatos auténticos y así mejorar sus condiciones laborales, pero como es común en nuestro país, los patrones y los gobiernos los han reprimido y han fomentado la presencia de centrales obreras, tipo CTM, CROC o CROM, para controlarlos, no para representarlos, firmando con ellos contratos colectivos de protección patronal a espaldas de los trabajadores.

En San Quintín, Baja California, los abusos llegaron a tal extremo que los jornaleros decidieron salir a las calles a protestar y suspender labores. En ese ya histórico 18 de marzo de 2015, cerca de 10 mil trabajadores se movilizaron alrededor de la célebre Alianza de Organizaciones por la Justicia Social. En pocos días, de manera inesperada, llovió la solidaridad tanto nacional como internacional. Los jornaleros integraron un pliego de peticiones que colocaron tanto al gobierno estatal como federal contra la pared, porque muchos de los problemas están originados en las complicidades entre funcionarios y empresarios agrícolas.

Fruto de la movilización de los jornaleros de San Quintín, misma que recibió, en un primer momento, ataques y represión del Estado, se integraron comisiones negociadoras y los días 14 de mayo y 4 de junio se arribó a distintos acuerdos relacionados a los temas salariales, apoyos estatales a la comunidad y liberación de presos políticos; por cierto, varios puntos continúan sin cumplirse. Uno de los acuerdos firmados es el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de otorgarles el registro de un sindicato nacional.

El reto consiste, en este momento, en construir ese instrumento organizativo que dé cauce a los reclamos en San Quintín y en otras entidades del país. Esto debe llevar a discutir y reflexionar las características de esa nueva organización. Atendiendo a la experiencia mostrada en este proceso, seguramente se acogerán a formas colectivas de elección y a mecanismos plenamente democráticos en la toma de decisiones; a formas creativas de organización y a una vigorosa política de relaciones tanto a escala nacional como internacional.

El nuevo sindicato nacional, heredero de la Alianza por la Justicia Social, podrá enriquecerse con los grupos de trabajadores que ya vienen luchando desde hace años en ese sector. Por las características de su materia de trabajo, deberá ser un sindicato-movimiento, esto es, por un lado representar y defender los intereses laborales de los jornaleros por la vía de convenios y contratos colectivos, y por el otro, influir en las políticas públicas del Estado relacionadas con el campo y también en las que se refieren a la recuperación del valor del trabajo, no sólo de los afiliados, sino de los jornaleros agrícolas en todo el país. Por ello una de sus tareas será luchar por un sueldo mínimo profesional en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En días pasados, en el espacio de Forbes-México se expresó: “Esclavos que se venden al mejor postor, los jornaleros mexicanos trabajan por 100 pesos diarios bajo las inclemencias del clima y malos tratos de sus patrones. Aunque son parte vital de la cadena que surte de frutas y vegetales a la mayor parte de México y Estados Unidos, sus condiciones de vida e ingresos son infrahumanas. No lograron pasar al otro lado del río Bravo para alcanzar el sueño americano. Por eso, hoy migran de un estado a otro como si fueran extranjeros. Son extraños en su propio país”. Más claro, ni el agua.

PD. El rostro de la política laboral plasmado en hechos: El pasado 17 de agosto fue encarcelado Gustavo Labastida Andriano, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, en Calpulalpan, Tlaxcala; es una agresión más de la trasnacional zapatera Batta Internacional, para doblegar a los trabajadores y desaparecer su sindicato y contrato colectivo; mientras tanto, el vigésimo octavo tribunal colegiado tiene más de un año sin resolver la revisión del amparo planteado por la violación a su derecho de asociación.

En otro lugar, dos días después, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje vuelve a negar a los trabajadores de Honda el recuento que vienen solicitando como parte de su lucha de cinco años. Despidos y el encarcelamiento de los dirigentes ha sido la respuesta de la trasnacional automotriz; a su vez, la Junta Federal atrasa artificialmente el procedimiento laboral para vencer por cansancio a los trabajadores. Tantos agravios en tan sólo una semana. El estado de derecho brilla por su ausencia.