a Procuraduría General de Justicia de Michoacán remitió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente del presunto enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, donde murieron 42 civiles y un efectivo de la Policía Federal. La determinación se produce luego de un lamentable intercambio de manifestaciones de incompetencia en el que ambas procuradurías dieron la impresión de no querer conocer sobre el tema.
El referido manoseo ministerial del caso es solo una de las vertientes del manejo desaseado que se ha hecho del mismo. Cabe recordar que las afirmaciones iniciales de las autoridades federales, de que las muertes se produjeron en el marco de una refriega con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva generación en la que los efectivos federales repelieron una agresión a tiros, fueron puestas en tela de juicio por los dichos de familiares de las víctimas de que varios de los cuerpos presentaban golpes, signos de tortura e indicios de haber sido ejecutados en forma extrajudicial.
La versión cobró fuerza a raíz de la difusión de supuestos peritajes según los cuales la mayoría de las víctimas recibieron tiros de gracia y disparos por la espalda. Por lo demás, desde las primeras horas posteriores al supuesto enfrentamiento llamó la atención que el mismo se haya saldado sin heridos del bando de los presuntos delincuentes –pues todos fueron abatidos– y sin más que una víctima por parte de las fuerzas públicas.
La información disponible sobre los hechos ocurridos en Tanhuato hace pensar que, en el mejor de los casos, los federales incurrieron en un uso efectivo de la fuerza que buscó en todo momento el aniquilamiento físico de sus contrapartes, no su detención y consignación ante las autoridades correspondientes.
Por otra parte, con el recuerdo fresco de la masacre perpetrada en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, que dejó un saldo de 22 personas muertas, la mayoría ejecutadas extrajudicialmente, y con el precedente del 7 de julio en Calera, Zacatecas, donde hay indicios de una probable participación de personal militar
en la desaparición de siete jóvenes, según un comunicado emitido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cobra fuerza la percepción pública de que en Tanhuato se registró un caso más en la cadena de gravísimos incidentes de violaciones a los derechos humanos en los que la constante es la participación, en mayor o menor grado, de elementos militares.
Además de volver a poner en tela de juicio la decisión gubernamental de involucrar a los elementos castrenses en tareas de seguridad pública que les son ajenas, los hechos de Tanhuato y la aparente falta de voluntad oficial por esclarecer satisfactoriamente los mismos refuerzan la creencia de que existe un designio de impunidad para favorecer a los responsables de episodios como el comentado.
Lo anterior no sólo implica negar la justicia a las víctimas y sus familias, sino profundizar también el desgaste y descrédito de las instituciones frente a la sociedad. Para revertir esa circunstancia es imperativo que las autoridades esclarezcan a cabalidad, y sin descartar línea de investigación alguna, lo sucedido en Tanhuato y en otros episodios similares, como el ya mencionado de Tlatlaya y el ocurrido en enero de este año en Apatzingán.
Esclarecer y fincar las responsabilidades a que haya lugar son las únicas vías para demostrar a la población que las instituciones realmente se orientan a la consolidación del estado de derecho.
