n un entorno complejo por el descrédito de los partidos políticos, la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones diseñadas para el progreso de la democracia y el descontento ante las crisis económica, social y de seguridad, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, el pasado 7 de junio tuvieron lugar en México las elecciones de 2015. Como en años anteriores, éstas también fueron observadas por diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas DECA, Equipo Pueblo, que elaboró el informe Las elecciones de 2015 ante las reformas a la ley político electoral en México; una mirada desde la sociedad civil, en el que encontramos diversos ensayos relacionados con las principales reformas aplicadas y los resultados de la observación hecha en algunas entidades del país.
Como se recordará, en diciembre de 2013 el Congreso aprobó una reforma constitucional en la materia, promulgada por el Ejecutivo en febrero de 2014. En mayo de ese año se dictaron las leyes complementarias para la organización y procedimientos electorales, así como la legislación referida a los partidos políticos. Dicha reforma es parte de un conjunto de modificaciones que comenzaron en 1977, que tuvieron como paradigma de la transición a la democracia un marco institucional legal adecuado. Por eso los pasados comicios fueron importantes, por ser los primeros organizados después de esa reforma, que impactó en ámbitos centrales, como el régimen de gobierno, las autoridades electorales, el régimen de partidos, la fiscalización y rebase de topes de gastos de campaña, la comunicación política y los instrumentos de participación ciudadana, entre otros.
Destaca el avance en la paridad de género, que obliga al 50/50 a todos los partidos, así como el reconocimiento de las candidaturas independientes, que para este proceso fueron solicitadas por 122 personas, mientras el INE aprobó sólo 52, y de las que 17 aspiraron a ser gobernadores. Otro cambio polémico es la relección aprobada por dos y hasta cuatro periodos para senadores/as y diputados/as, incluyendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que tiene relevancia en un país que ha defendido el sufragio efectivo y la no relección. Una decisión más es que los partidos deben alcanzar al menos 3 por ciento de la votación, tanto en la renovación del Poder Ejecutivo, como de las cámaras del Congreso de la Unión, para mantener su registro.
La utilización de recursos públicos y privados en los procesos electorales sigue siendo un elemento presente en la competencia política. La cantidad de dinero que se gasta para acceder a un cargo público ha conferido nuevas dimensiones y alcances a un problema no resuelto. A pesar del desánimo para votar y los llamados a la anulación, se rebasó el porcentaje de votantes que normalmente
acuden a las urnas en procesos intermedios. El INE estimó 47 por ciento de participación. Pero otras voces consideran que el clima de tensión, violencia, e incluso la presencia de las fuerzas del orden en diversas entidades del país, junto con las acciones de boicot, pesaron, y que, de no haber estado presentes, habríamos presenciado mayor concurrencia ciudadana.
Los medios mantuvieron una política parcial hacia los partidos y los candidatos/as, pues si bien los tiempos dispuestos por la ley se respetaron en lo general, los comentaristas, analistas y articulistas mostraron gran parcialidad hacia los candidatos/as. Se percibió igualmente un trato discriminatorio hacia los nuevos partidos y candidaturas independientes.
Otro factor importante fueron las nuevas sanciones para los partidos y las y los candidatos que rebasaron los topes de campaña, además de la prohibición de la entrega gratuita de objetos y beneficios a electores, pero que la mayor parte de los partidos no respetó en sus campañas, como ha sido denunciado por la población, algunos medios, y reconocido por el INE. Adicionalmente queda el desconcierto de la ciudadanía por el manejo de sanciones respecto de la propaganda política por conducto de tuits. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si bien aplicó una raquítica multa al PVEM, consideró que los miembros de la comunidad artística y deportiva del país que emitieron opiniones y crearon hashtags en favor de ese partido en Twitter durante el 7 de junio no violaron la ley.
Por eso consideramos que sigue siendo un reto la aplicación de la ley en este campo sensible. Y que en México la observación electoral institucionalizada y la libre ciudadana siguen siendo indispensables ante la deliberada opacidad de partidos y candidatos/as, el incumplimiento manifiesto de la ley, e incluso el irrespeto a los órganos electorales en todos sus niveles. Las y los observadores electorales siguen siendo necesarios tanto para monitorear la jornada electoral e inhibir conductas graves que dañen el voto personal, libre y secreto, como para emitir un punto de vista neutral y documentado sobre el uso de los recursos públicos para comprar la voluntad ciudadana, y, en su caso, pronunciarse sobre la legitimidad del proceso electoral.
El esfuerzo de la ciudadanía y de las OSC por observar los comicios fue de gran utilidad, no tanto por inhibir las malas prácticas, sino para valorar las reformas, el entorno de su cumplimiento y su impacto en la mejora de las condiciones para participar con mayor credibilidad en el ejercicio ciudadano de elegir a quienes nos gobernarán. Es importante dotarlos de mayores atribuciones, para que sus informes y testimonios sean considerados pruebas en la valoración de los procesos, y se debe recuperar el papel que venían jugando las y los consejeros ciudadanos comprometidos con el ejercicio democrático-electoral. Importa que los gobiernos asuman la participación ciudadana en el ámbito de la vigilancia de la democracia representativa y en las decisiones de política pública.
