El proceso de la reforma energética no está cerrado jurídicamente, afirmaron representantes de diversas organizaciones que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atraiga el caso y recomiende al Estado mexicano realizar la consulta popular sobre la procedencia de dicha medida, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .

Anoche, en el foro El derecho humano a la consulta popular previa, libre, informada, eficaz y respetuosa por parte de las autoridades, se convocó a una campaña más amplia para sumar ciudadanos y organizaciones a la exigencia que analiza ya la CIDH.

Manuel Canto Chac, académico de la UAM Xochimilco, destacó que la apertura del proceso se debe a la adhesión de México a los convenios internacionales de derechos humanos, en los que se reconoce que hay otras instancias de apelación.

Sin embargo, se requiere que el mayor número de personas se adhieran para que la apelación se haga efectiva, por lo que es necesario impulsar una campaña amplia.

Tras reunirse una serie de requisitos y millones de firmas, en octubre del 2014, la SCJN resolvió que no procedía la consulta popular sobre la reforma energética, violando así los derechos  constitucionales y legales de los solicitantes. Por ello recurrieron a la CNDH.

En el foro intervinieron el religioso Miguel Concha Malo, cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; Rosario Cobo, de la organización Sin Maíz No Hay País, y Jorge Fernández Souza, integrante de Serapaz, quienes expresaron el alcance y trascendencia de esa apelación ante la CIDH para revertir la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas presentaron diversos testimonios sobre el despojo de tierras que ya se inició al amparo de esta reforma y sus leyes secundarias.

Francisco Cravioto, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, dijo que hasta antes de la reforma, ya operaban 900 pozos de fractura hidráulica en el país; la mayoría en Puebla y Veracruz, por lo que se estima que serán decenas de miles en los primeros cuatro años de estos cambios constitucionales y legales.

Dijo que Fundar tiene estimaciones de que en ese mismo lapso las licitaciones –solamente de extracción de hidrocarburos no convencionales, donde se utiliza fracking– afectarán el territorio donde viven más de 4 millones de mexicanos.