Entre Guatemala y Chiapas está el corredor Huehuetenango-La Mesilla-Comitán, ruta de migrantes altamente transitada en la que las mujeres son extorsionadas, robadas, abusadas sexualmente, desaparecidas o cooptadas por las redes de trata, advirtió un estudio de Formación y Capacitación (Foca) y la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración.

La gran presencia de autoridades han forzado a los migrantes a buscar rutas alternas para evadir los puntos de inspección, control migratorio y escapar a las bandas organizadas que merodean los caminos para asaltarlos, señalaron Diana Damián, de Foca, y Alejandra Rojas en la presentación del estudio El corredor Huehuetenango-Comitán. Una cartografía de las mujeres en las migraciones.

El documento agrega que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal, amparadas en las leyes migratorias, revisan, detienen y deportan a las migrantes, a la vez que las amenazan y violan sus derechos humanos. Las mujeres, en particular, se enfrentan a múltiples violaciones de sus derechos humanos desde el momento en que salen de sus comunidades, ya sea por su edad, por ser indígenas, por tener bajo nivel de escolaridad y desconocer las leyes de su país y de los que recorren en su tránsito, indica.

Sufren acoso sexual de sus compañeros de viaje, del coyote, y hay probabilidades de que sean extorsionadas, violadas, secuestradas, asaltadas y asesinadas por las autoridades, las bandas del crimen organizado y por delincuentes comunes, apunta.

Se trata de riesgos casi comunes del tránsito migratorio que las obliga a inyectarse anticonceptivos antes de emprender el viaje. La primera consecuencia de la migración es el impacto a su salud, ya que sus derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, y corren riesgo de contraer infecciones de trasmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana, embarazos no deseados y padecer violencia de género, indica el reporte.

El diagnóstico plantea que el tema migratorio no sólo debe tratarse desde una perspectiva de seguridad nacional, sino con una visión de seguridad humana en la que el Estado garantice y se responsabilice de la salud física, mental y emocional de las mujeres en el fenómeno migratorio.

Recomienda incluir la perspectiva de género para indagar, profundizar y resolver la problemática de las relaciones de género desde las comunidades de origen, destino y tránsito y exigen al INM acciones concretas de prevención de violencia de género enfocadas a las mujeres.