Luego de señalar que el Equipo Argentino de Antropología Forense debe exhumar el cuerpo de Julio César Mondragón, los familiares del normalista de Ayoztinapa que fue asesinado y desollado en Iguala hace casi 11 meses exigieron a los gobiernos federal y de Guerrero no obstaculizar más las investigaciones del caso.

Explicaron que el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que los trabajos realizados durante las diligencias del levantamiento del cadáver y la necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar pruebas y datos que estaban a la vista.

Los peritos ocultaron información y apresuraron sus conclusiones; esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, por lo que esa ineficacia y falta de autonomía de quienes realizan los peritajes obliga a realizar exámenes forenses posmortem.

Mediante una carta, que es respaldada por varios colectivos y centros de derechos humanos, los familiares de Julio César Mondragón comparten las observaciones y recomendaciones del grupo de expertos, que en su reciente informe señalaron haber solicitado un peritaje independiente para examinar las autopsias realizadas no sólo a Julio César, sino a Daniel Solís y Julio César Ramírez, otros de los normalistas asesinados.

Un estudio realizado por el médico forense Francisco Etxeberría, de la Universidad del País Vasco, muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron algunas lesiones que aparecen en el informe original y en las fotografías.

Entre las cuestiones que una nueva autopsia debería analizar están la causa y valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características, reportó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe.

Para realizar la exhumación, los familiares de Julio César Mondragón solicitan a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la PGR que permitan y faciliten que los forenses independientes trabajen sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos.

Destacaron que con la exhumación quieren poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuestas parciales y malamente respondidas, y responsabilizaron al Estado mexicano por la muerte de Julio César, por la pérdida de evidencia que su intervención ineficaz o nula produjo, y también por el doloroso impacto sicosocial que les causará este proceso.