esde su lecho de enferma, donde estuvo más de un año víctima de un nuevo cáncer después del primero que sufrió en 2001, María de Jesús Marqueda se siguió enfrentando a los delincuentes ambientales que han hecho del Monterrey metropolitano el área citadina más contaminada de América, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma, por sus siglas).

A la señora Marqueda, como se la conoce entre los ambientalistas, la han acompañado la honestidad, la dignidad, la valentía y la lucidez. En 1995, el Congreso de la Unión, a través del diputado federal Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, la felicitaba por su contribución a los trabajos orientados a la actualización del marco jurídico en materia de ecología y cuidado del ambiente. A ella y un puñado de ciudadanos semejantes se debe que el delito ambiental haya sido incorporado al derecho penal mexicano.

En 2011 se cumplían 40 años de la primera legislación de carácter específicamente ambiental: la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, promulgada en 1971. Existían la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todo parecía indicar que la urgente necesidad de proteger, restaurar, rehabilitar y fomentar el medio ambiente y los recursos naturales en territorio nacional era una posibilidad que empezaba a hermanarse con los hechos. No fue, no ha sido así.

Ese año, el 11 de agosto, la señora Marqueda presentó su renuncia a la titularidad del sector social del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. En un escrito reciente señala sus motivos: no ser cómplice de la ilegal aprobación de un proyecto expoliador que sin consultar, como lo ordena la LGEEPA, al sector que me eligió para representarlo estaba tramitándose su autorización soterradamente por funcionarios de los tres niveles de gobierno en colusión con empresarios cuya voracidad era y es más que evidente.

El proyecto ilegal a que se refiere la señora Marqueda, presidenta del grupo ciudadano Comité Ecológico Pro Bienestar, es la concesión que hizo el Estado para que un empresario explotara un parque público donde se construyó el estadio BBVA Bancomer, la nueva casa de los Rayados, según reza la publicidad deportiva. Hace días fue inaugurado por Enrique Peña Nieto y Rodrigo Medina (sin público para evitar una previsible rechifla) y bendecido por el arzobispo de Monterrey, a pesar, como ella dice, de la condena del papa Francisco al saqueo ambiental y a la privatización de la naturaleza en su encíclica Laudato si’.

Conocida la maniobra del Congreso del estado, obsecuente a la decisión del titular del Ejecutivo por la cual se hizo el cambio del uso de suelo, los ambientalistas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República. El Auditor Superior del Estado validó con sus declaraciones los fundamentos legales de los denunciantes. El Ministerio Público, institución representante de la sociedad se erigió en su opuesto: a quien representó y representa es al duopolio de políticos y empresarios.

La construcción de ese estadio generó una movilización ciudadana de amplias dimensiones bajo el lema: Sí al estadio, pero en otro lado. Era evidente el daño que causaría a un área natural protegida donde se encuentra el Parque La Pastora y dentro de éste un zoológico cuya fauna ha empezado a sufrir las consecuencias de esa construcción. Heineken-Femsa-BBVA Bancomer, en su irresponsabilidad empresarial, no respeta la salud y el bienestar de los humanos; menos iba a respetar la de los animales. La pirotecnia que se hizo explotar en el lugar adquirió los contornos de un zafari demencial y puso fuera de sí a los animales que se hallan recluidos en el zoológico.

Es probable que las sociedades protectoras de animales, con frecuencia más vehementes que las dedicadas a la protección de los humanos, tornen el problema del zoológico de La Pastora en un franco obstáculo para la explotación del estadio BBVA Bancomer.

Si los tres órdenes de gobierno se coluden para continuar con la depredación del medio ambiente, como ocurrió con ese estadio, los mexicanos estamos frente a un crimen coorganizado de dimensiones más peligrosas que las que representa el crimen organizado dedicado al narcotráfico. En un sondeo, unos y otros se declararían creyentes y temerosos de Dios. El Papa ha hablado de la deuda ecológica. Si pudiese operar, quizás eso sería lo único que pudiera ponernos a cubierto del crimen coorganizado. Pero el Papa está por debajo de Dios y por encima de Dios está el Dinero. Es posible, pues, que estemos perdidos.

Por ello me pregunto si iniciativas como la de la diputada perredista Yesenia Nolasco Ramírez pudiera prosperar. Ella ha propuesto tipificar el ecocidio como delito grave y establecer penas de entre cinco y 30 años de prisión y multa de mil a 10 mil salarios mínimos. Se me hace tan leve esa sanción como la que se impone a los delitos electorales. Y ya se ve, cualquiera puede cometerlos, pagar una multa millonaria que se sacará del monedero (el caso del Partido Verde Ecologista) y tirarse de risa frente a todos, empezando por el presidente del INE.

Sin embargo, pienso en la señora Marqueda y un destello de ánimo me mueve a no cejar en el propósito de que el crimen coorganizado, al fin de cuentas, no se salga con la suya.