El sistema de salud mexicano no está preparado para hacer frente a las enfermedades crónicas por falta de recursos y de una gestión financiera competitiva. La evidencia: aunque el país cuenta con equipos para detectar el cáncer de mama en 30 por ciento de las mujeres adultas, sólo 15 por ciento tiene acceso a la prueba; menos de la mitad de los enfermos de diabetes tiene control de su padecimiento y riesgo bajo de desarrollar complicaciones.

Las instituciones sólo proporcionan la mitad de las consultas necesarias para el control de padecimientos, mientras por cada ingreso al hospital hay otro que no se realiza por complicaciones en el acceso a los servicios, advierte un diagnóstico de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

Señala que las enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer y afecciones cardiovasculares, entre otras) representan una emergencia nacional, pero la infraestructura física y de recursos humanos están mal preparados para enfrentarla. A partir de este análisis, el organismo privado reitera la necesidad de reformar el sistema nacional de salud y diseñar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en el uso del dinero disponible.

Funsalud reconoce la complejidad que entraña la reforma, pero, indicó, el problema debería atenderse ya a fin de que los servicios médicos estén en condiciones de responder a las necesidades de la población en el futuro. De hecho, advierte el diagnóstico, en diversas áreas son evidentes las carencias que deben solventarse.

De acuerdo con el organismo –creado en 1985 a iniciativa de un grupo de empresarios y Guillermo Soberón, ex secretario de Salud–, aunque en México se dice que existe una cobertura universal de salud, a causa de las deficiencias mencionadas y otras, es efectiva en apenas 64 por ciento.

Entre los principales objetivos del nuevo esquema tendría que estar la disminución del desembolso que realizan las familias para atender su salud, el llamado gasto de bolsillo.

El estudio destaca que si bien el porcentaje de este indicador se redujo –actualmente representa 44 por ciento de la inversión nacional en salud–, el volumen de demanda de servicios médicos privados entre derechohabientes de la seguridad social y afiliados al Seguro Popular sigue siendo alto: 16 a 41 por ciento de los primeros y entre 20 y 44 por ciento de los segundos.

Funsalud advierte que los recursos que las personas toman de sus propios ingresos para pagar servicios, estudios clínicos, medicamentos y hospitalización es la respuesta ante la falta de acceso a la atención en las instituciones públicas. Ante ello, una opción para la reforma sanitaria podría ser que los servicios que se obtengan con prestadores particulares sean pagados con los recursos que las instituciones públicas no utilizan para atender a sus beneficiarios.