Del 24 al 27 de agosto se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, la primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas, acuerdo global jurídicamente vinculante que regula el comercio de armas convencionales y prohíbe transferirlas a otros países si saben que serán utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, o para facilitar su comisión.

Tras la entrada en vigor del tratado el pasado 24 de diciembre, 62 estados lo han ratificado y 130 lo han suscrito. Antes de la conferencia, que presidirá México, organizaciones civiles, comunidades de fe y la Secretaría de Relaciones Exteriores darán a conocer las implicaciones y retos de este instrumento internacional y del encuentro en el Caribe mexicano.

El tratado obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a países donde puedan ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los estados han acordado que si ese riesgo es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.

El tratado afecta las principales categorías de armas convencionales, incluidas las pequeñas y ligeras, que producen grandes cantidades de víctimas civiles y proliferan en países con conflictos de baja intensidad y en situaciones de violencia.

En febrero pasado, en Puerto España, Trinidad y Tobago, se celebró la reunión para preparar la primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que participaron delegados de 82 estados, funcionarios de organismos internacionales, grupos regionales y representantes de la sociedad civil.

Ese encuentro fue presidido por Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Suiza y presidente del proceso preparatorio de la conferencia.