Santiago Corcuera Cabezut, investigador e integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacó que ‘‘sólo deben establecerse dos tipos penales’’ en la nueva ley de desaparición forzada: ‘‘la que es perpetrada por agentes del Estado, o por civiles con aquiescencia del Estado mismo, y la realizada por particulares, esto es, la que lleva a cabo la delincuencia organizada’’.

Al participar en el Senado en la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema de de-saparición forzada, el experto –a título personal– dijo que ‘‘deben ser tipos penales nacionales que apliquen cuando el delito sea cometido por agentes federales, locales o estatales; tiene que ser un tipo penal único aplicable en todo el país’’.

Precisó que en la ley que elaborarán los senadores deben considerarse los atenuantes de responsabilidad, ‘‘es decir, si el imputado proporciona información para resolver el caso; incluso, si los sentenciados dan información para encontrar o saber qué pasó con el desaparecido, se le puede aplicar la reducción de la pena, para atender e clamor de los familiares de que se busque a las víctimas con vida y se erradique la práctica de que únicamente se proceda a la búsqueda de los delincuentes’’.

En la audiencia, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la presidenta de esa instancia, Angélica de la Peña (PRD), expresó que la nueva legislación habrá de unificar las herramientas jurídicas y penales a escala nacional, donde se incluyan protocolos para las autoridades policiacas y de investigación. Además, apuntó, ‘‘tendrá que diferenciarse la desaparición forzada cometida por agentes del Estado de la llevada a cabo por particulares, es decir, la delincuencia organizada, y en consecuencia establecer su relación con otros ilícitos, como la tortura y otros tratos crueles y degradantes’’.

De la Peña refirió que en el Senado hay tres iniciativas sobre la ley de desaparición forzada: la del senador Roberto Gil, del PAN; la del priísta Omar Fayad, y la de ella, en nombre del PRD.

En tanto, el consultor Carlos Ríos consideró que en la nueva ley que elabora el Senado deben revisarse diversos ordenamientos, entre ellos, la ley de atención a víctimas, la de seguridad pública, la de la Policía Federal, la de extinción de dominio y la de migración, así como el Código Penal y la ley de justicia para adolescentes.

A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), denunció que la Secretaría de Gobernación ‘‘convocó a las organizaciones sociales a una consulta sobre la ley referida, pero es un proceso muy particular y se nos consulta sin entregarnos ningún documento; ¿como vamos a opinar?’’

Ante ello pidió que desde la Comisión de Derechos Humanos ‘‘se exhorte a Gobernación a entregarnos el proyecto de ley que ya existe, y del cual ya proporcionaron una copia al comité de expertos de la CIDH’’.