l gobierno de Enrique Peña Nieto le pareció que una calificada demanda internacional de seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, y de investigación de crímenes y agresiones contra ellos (difundida en el blog de Pen America Center, la vertiente regional de la asociación mundial de escritores Pen International, con firmas de intelectuales, académicos, artistas, escritores, periodistas y ciudadanos en general), merecía una respuesta meramente burocrática de un funcionario que no está en el primer nivel del organigrama federal.

Así fue que apareció Roberto Campa Cifrián, actual subsecretario de Derechos Humanos (ja) de la Secretaría de Gobernación (quien fue en 2006 candidato presidencial de Nueva Alianza, como cuadro de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo), para emitir un comunicado de retórica sosa que pretende poner de relevancia los presuntos esfuerzos de la actual administración priísta para proteger libertades y derechos ciudadanos, enfatizando que una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.

Tal verborrea oficial no tiene asidero en la realidad. El gobierno federal ha derrochado recursos en la aplicación de una política de desatención sostenida de los crecientes problemas de los periodistas mexicanos ante la violencia de las bandas del crimen organizado pero, en especial, de miembros de la clase política también criminal. Los tales mecanismos de protección, los protocolos, las fiscalías especiales y los funcionarios muy preocupados por las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos sólo han sido un ardid burocrático para aparentar que algo se hace aunque, en realidad, se mantiene en el abandono a los periodistas que fundadamente han denunciado amenazas, y se garantiza la impunidad generalizada en los casos en que tales advertencias tienen sangrienta confirmación.

Sin embargo, en el parque temático Atlacomulco se estima que es mucho lo que se hace por el público aunque éste no siempre lo valore adecuadamente. Ayer, en Apatzingán, Enrique Peña Nieto dijo, al inaugurar un hospital regional, acompañado del gobernador saliente de Michoacán, Salvador Jara, y del entrante, Silvano Aureola de Los Pinos, que a veces no se logra dar justa dimensión a lo que cada una de estas obras significa en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de una región; pareciera que fuera ya parte de algo ordinario y común el estar entregando obras.

El reproche refleja una impropia expectativa de reconocimiento de EPN a su propia figura o ejercicio gubernamental (ya sé que no aplauden) y exhibe una visión complacida de lo que sucedería en una sociedad que ante tantas obras, servicios y beneficios ya casi no apreciara los nuevos aportes, acostumbrada a recibir tantas cosas que una más no le conmueve. Ha de precisarse, además, que esas obras se realizan con dinero de los propios contribuyentes y muchísimas veces, casi por sistema, tales procesos están caracterizados por la elevación de costos originales, mala calidad, equipamiento deficitario, tardanza en la entrega de las edificaciones terminadas, y una corrupción ya institucional, que provee a funcionarios y contratistas de ganancias a costa del propio proyecto y su viabilidad.

En curso está otra inauguración, que nadie adscribe al ámbito de lo ordinario y común. Está por iniciarse el nuevo ciclo lectivo en los niveles donde participan profesores que se oponen abiertamente a las reformas impulsadas por Peña Nieto, en especial en Oaxaca, donde se ha establecido un virtual estado de sitio, con una gubernatura tomada por los poderes centrales (Gabino Cué como ejecutor de órdenes superiores), el instituto estatal de educación pública reconvertido jurídica y operativamente para utilizarlo como instrumento de presión y control contra los miembros de la sección 22 del SNTE (esencia de organización y lucha de la CNTE), escuelas ocupadas por gendarmería y policías federales que simulan labores de limpieza y restauración cuando en realidad están desplegados para impedir que los mentores oaxaqueños las ocupen en actos de protesta, y miles de soldados, marinos y policías (con equipo especial, en los aires hasta siete helicópteros en determinadas horas) en espera de entrar en acción contra los disidentes.

La toma militar de Oaxaca no ha tenido la respuesta violenta que las autoridades esperaban, pues el movimiento magisterial ha optado por eludir la provocación y reorganizarse ante las nuevas circunstancias. Pero el próximo lunes será la inauguración oficial del nuevo año escolar y las posturas en pugna se acercarán peligrosamente desde este jueves, cuando los profesores en protesta pretenden adelantar su llegada a las aulas, en un tenso medir de fuerzas.

Al escenario sombrío se añaden las órdenes de aprehensión calculadamente liberadas por jueces federales con sede en Oaxaca para ir tras quince miembros de la mencionada sección 22, entre ellos el vocero oficial. A ellos se les acusa de haber participado el 7 de junio reciente en la quema y el robo de papelería electoral en las regiones de Tuxtepec y del Istmo de Tehuantepec. Tales órdenes de aprehensión constituyen un amago contra otros dirigentes y activistas, y redondean el proyecto federal de aplastar ejemplarmente a la oposición oaxaqueña, como un mensaje nacional de segundo trienio peñista.

Y, mientras en Guadalajara un miembro del Ejército conminaba en días pasados a un reportero vial, de @Trafico_ZMG, a dejar de grabar imágenes de un accidente entre un automóvil y un camión militar, al advertirle y luego que por qué los reporteros están muertos (http://bit.ly/1Nrz7OG), ¡hasta mañana, con el PRD encaminándose a que uno de los externos (el menos externo de ellos) se afilie al sol azteca y pueda ser su próximo presidente!

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